JERUSALÉN, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El informe anual correspondiente al 2006 del organismo supervisor del Estado israelí, publicado esta tarde, atribuye ciertos fracasos a las Fuerzas Armadas israelíes que no han sido capaces, dice, de poner fin al lanzamiento de cohetes Qassam y proyectiles de mortero contra Israel desde la franja de Gaza --ni impedir su fabricación--, además de no haber contrarrestado la amenaza que suponen los túneles, excavados de forma ilegal, para permitir la entrada de milicianos, armas y dinero, así como la infiltración de los mismos en suelo israelí.
Según el documento, que aborda los acontecimientos después de la evacuación de la franja de Gaza por Israel en septiembre de 2005, las amenazas sólo han sido abordadas parcialmente y de forma inconsistente al concluir que el Ejército no desarrolló una estrategia concreta para combatirlas que incluyera la compra de sistemas de defensa e identificación adecuados, como también fracasó el Ejército, señala el informe, en dar el suficiente peso a las consecuencias de dichas amenazas, informa el diario 'Haaretz'.
La falta de protección contra el lanzamiento de cohetes de fabricación casera ya quedó patente en el primer informe parcial del año 2006, mientras que el segundo informe reveló que no sólo no se han abordado las amenazas, sino que la situación al respecto ha empeorado.
El organismo controlador cifra en su informe en 1.025 los cohetes que impactaron en 2006 en el desierto del Negev y critica que si bien el 'fenómeno Qassam' se destapó a finales de 2001, desde entonces el Ejército no ha desarrollado una estrategia específica para combatir dicha realidad, ya que, a finales de 2005, aún no había una estrategia clara.
En este sentido, el informe denuncia no se hizo nada a pesar de que en octubre de 2004 el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército Moshe Ya'alon nombró a su 'número dos' Dan Halutz al frente de un grupo de estudio que debía buscar las soluciones para resolver la cuestión.
Por otra parte, el informe aborda el problema de los túneles excavados en la franja de Gaza, gracias a los cuales, destaca el informe, se perpetraron una serie de ataques terroristas entre 2001 y 2004 en los que murieron siete soldados israelíes y siete más, al intentar destruir éstos los túneles. En otro ataque similar en 2006 fue capturado el cabo Gilad Shalit, secuestrado desde junio de ese año por milicias palestinas afines a Hamás.
Según subraya el órgano supervisor estatal, la amenaza que implican estos túneles es bien conocida desde hace 20 años y aunque en un principio el Ejército relegó al comando del sur los esfuerzos para destruir las excavaciones, sólo en 2004 extendieron dicha responsabilidad a un mayor número de departamentos militares.
Para coordinar la cuestión se nombró a un ingeniero jefe y de forma simultánea Ya'alon encargó a un asesor suyo revisar el problema de los túneles, aunque su recomendación principal --la de crear un comité especial para buscar soluciones-- nunca se puso en marcha.
Además, el informe destaca que la Segunda Guerra en Líbano --librada el pasado verano entre Israel y la milicia chií libanesa Hezbolá-- puso de manifiesto que la milicia de Hasan Nasralá echó mano del uso de túneles durante la contienda.
EVACUACIÓN DE GAZA
Por otra parte, el supervisor estatal denunció en su informe que al presupuesto aprobado en marzo de 2005 --2.200 millones de shekels-- para cubrir los costes de la evacuación le siguieron, seis meses después, varias decisiones de ministros relacionadas con la oferta de viviendas a los colonos evacuados de Gaza y que elevaron el coste final del plan.
"Ni al Gobierno ni a la Knesset (Parlamento) le entregaron (cifras) estimadas y evaluaciones en relación al gasto que pudiera ser necesario para financiar las varias soluciones (propuestas)", incide el informe y subrayó que "el departamento de presupuestos del Tesoro debió haber creado un mecanismo para supervisar los gastos" ya que el presupuesto se disparó de 4.500 millones de shekels a 9.000 millones en menos de un año.
En respuesta al informe, la oficina del primer ministro, Ehud Olmert, emitió un comunicado en el que insistió en que "sólo después de que la ley de Evacuación-Compensación fuera aprobada en febrero de 2005, fue posible realizar las preparaciones necesarias para su implementación de acuerdo con los cambios hechos por la Knesset, en oposición a la ley original".
"La decisión del Tribunal Supremo sobre las peticiones relativas a la ley fue tomada en junio de 2005 y necesitaba una nueva revisión. Entre junio de 2004 y marzo de 2005 podríamos haber adivinado que haría falta proporcionar viviendas a los evacuados, pero no podíamos traducir esta adivinación en estimaciones financieras y no podíamos traducirlas en el proyecto (de ley) porque la mayor parte de los residentes (a evacuar) rechazó hablar con los representantes del Gobierno", reza el comunicado.
