COLOMBO, 6 Ago. (Reuters/EP) -
Las autoridades de Sri Lanka están tomando medidas drásticas contra las actividades de los grupos sociales que acusan al Gobierno de tratar de disuadir a los supervivientes de la guerra civil para que no declaren en la investigación abierta por la ONU en la que se estudia si hubo crímenes de guerra, según han denunciado algunas asociaciones implicadas.
Las acusaciones de atrocidades han sido algo normal desde que terminara la guerra del Gobierno de Sri Lanka contra los separatistas de la etnia tamil en mayo de 2009. En el conflicto murieron más de 100.000 personas y decenas de miles están aún en paradero desconocido.
En marzo, el Consejo de la ONU para los Derechos Humanos acordó investigar las acusaciones de abusos denunciadas en los 26 años de guerra pues, según el Consejo, el presidente, Mahinda Rajapaksa, había fallado en su intento por investigarlas. El acuerdo enfureció al Gobierno, que aseguró que no cooperaría ni otorgaría visas a los investigadores de la ONU.
Sin acceso al país, Naciones Unidas depende de fuentes tales como grupos de Derechos Humanos, diplomáticos y periodistas para recibir información crucial para la investigación, según aseguran los analistas.
El Ministerio de Defensa ha prohibido a los grupos de activistas y a las ONG celebrar conferencias de prensa, emitir comunicados de prensa y organizar talleres para periodistas.
En mayo, la unidad de Transparencia Internacional de Sri Lanka aseguró que el Ministerio de Defensa había ordenado la cancelación de un curso sobre periodismo de investigación para tamiles. Una multitud obligó, con sus protestas, a cancelar un segundo curso que se iba a celebrar en junio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Sri Lanka emitió el martes una advertencia a los diplomáticos acusando a algunos de favorecer a la comunidad tamil sobre la mayoría cingalesa y de promocionar la desconfianza entre los cingaleses.
"La investigación de los crímenes de guerra es una de las principales preocupaciones del Gobierno", ha asegurado el jefe de la unidad de Transparencia Internacional de Sri Lanka.
MULTITUDES CONTRA LA INVESTIGACIÓN
Grupos de personas han interrumpido o forzado la cancelación de una serie de reuniones y eventos realizados por organizaciones benéficas en los últimos meses, y los analistas han asegurado que las multitudes que han interrumpido dichas reuniones a veces tienen el respaldo del Gobierno.
"Estos monstruos tienen la aprobación del Gobierno", ha asegurado el director del Centro para la Democracia Social,Kusal Perera, un activista muy crítico con el Ejecutivo. "Detener las evidencias de que ha habido crímenes de guerra es el objetivo principal del Gobierno", ha añadido. El portavoz gubernamental Keheliya Rambukwella ha negado las acusaciones, argumentando que las autoridades deben estar alerta sobre las actividades llevadas a cabo "en nombre de la democracia".
Este lunes, un grupo de unas 50 personas entró en una iglesia católica de Colombo, la capital del país, interrumpiendo una reunión donde las familias que habían perdido a alguno de sus familiares durante la guerra contaban a diplomáticos y activistas sus casos.
Testigos de lo ocurrido aseguran que la multitud, entre la que se encontraban algunos monjes budistas, acusó a los tamil de conspirar contra el Gobierno al proporcionar información a los occidentales a cambio de dinero.
Representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y Alemania estaban en la reunión, que fue clausurada rápidamente por la Policía, que aseguró que no podía garantizar la seguridad de los participantes.
La Embajada de Estados Unidos emitió un comunicado este lunes en el que instó al Gobierno a hacer cumplir el Estado de Derecho y a asegurar los derecho básicos de sus ciudadanos incluyendo la libertad de expresión y la libertad de reunión.
Las autoridades han descartado que lo ocurrido se debiera a una disputa privada provocada por otro grupo de familiares de los desaparecidos que querían contar sus propias historias.
