MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, ha afirmado este lunes que las autoridades palestinas no darán marcha atrás en su decisión de llevar a Israel ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) pese a las amenazas de Estados Unidos de cerrar su oficina en Washington en respuesta.
"Hemos sido informados oficialmente de que la Administración estadounidense cerrará nuestra Embajada en Washington como castigo por seguir trabajando con el TPI contra los crímenes de guerra israelíes y que arriarán la bandera palestina, lo que significa mucho más que un nuevo golpe por parte de la Administración Trump", ha dicho en un comunicado.
Así, ha denunciado que Estados Unidos "no sólo actúa contra la paz y la justicia, sino que extorsiona al TPI y amenaza a una plataforma legal contra los crímenes internacionales que trabaja por la Justicia".
"Puede cerrar nuestra Embajada en Washington, cortar la financiación al pueblo palestino y poner fin a la ayuda, incluido a educación y sanidad, pero no puede arrebatar la voluntad de nuestro pueblo de continuar el camino legal y político", ha afirmado.
Por ello, Erekat ha recalcado que las autoridades palestinas "continuarán este camino para conseguir justicia y compensaciones para las víctimas de nuestro pueblo", al tiempo que ha pedido a la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, que acelere la apertura de la investigación.
"Continuaremos nuestra lucha por la libertad y la independencia", ha manifestado, antes de reiterar que las autoridades estadounidenses trabajan "para beneficiar a la extrema derecha israelí", según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.
Según el diario estadounidense 'The Wall Street Journal', el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunciará este mismo lunes el cierre de la oficina de la OLP en la capital estadounidense.
Estados Unidos planea además amenazar con sanciones al TPI si avanza en sus investigaciones en torno al caso. Entre las posibles medidas figuran la prohibición de entrada al país a jueces y fiscales.
