MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
Los parlamentarios turcos han votado este lunes a favor del establecimiento de una comisión para investigar la presunta implicación de cuatro exministros en casos de corrupción, si bien varios opositores han advertido de que el gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP) utilizará su mayoría para influir en los resultados de las pesquisas.
Durante la sesión, los exministros han respondido por las acusaciones vertidas contra ellos por primera vez desde el estallido del escándalo en diciembre, según ha informado el diario turco 'Hurriyet'.
El opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP) había solicitado que el exministro de Economía Zafer Çaglayan, el exministro para la Unión Europea Egemen Bagis, el exministro del Interior Muammer Guler y el exministro de Urbanización y Medioambiente Erdogan Bayraktar, fueran investigados por separado, si bien la resolución aprobada ha sido la respaldada por el AKP, que contempla una investigación conjunta.
Çaglayan, Guler y Bayraktar dimitieron apenas unos días después de que el escándalo saliera a la luz debido a una macrooperación policial contra empresarios cercanos al primer ministro, Recep Tayyip Erdogan. Por su parte, Bagis fue reemplazado el 25 de diciembre en el marco de una reestructuración del Gobierno.
Todos los antiguos miembros del Ejecutivo han negado las acusaciones vertidas contra ellos en unas comparecencias limitadas a diez minutos. "Hacemos frente a grandes mentiras y una gran difamación", ha dicho Çaglayan.
El exministro de Economía ha negado que el empresario irano-azerí Reza Zarrab --principal sospechoso de la investigación-- le regalara un reloj por valor de 700.000 liras turcas (unos 240.000 euros), argumentando que lo pagó de su bolsillo.
Además, ha negado que realizara la peregrinación a La Meca junto a su familia en el avión privado del empresario. "Estas afirmaciones revelan un esfuerzo para explotar la sensibilidad religiosa de la población turca", ha dicho.
Por su parte, Guler ha acusado a jueces y fiscales a cargo de la investigación de violar la ley al juzgar a ministros. "Los ministros no pueden ser considerados sospechosos y los fiscales no son competentes para investigarles".
En esta línea se ha expresado Bagis, quien ha dicho que la investigación es "un sucio complot" contra el Gobierno, al tiempo que ha asegurado ante el Parlamento que ninguno de los exministros se esconderá detrás de su inmunidad parlamentaria.
La sesión ha estado marcada por la controversia debido a la decisión del AKP de celebrar la sesión el lunes, el único día de la semana en el que el canal de televisión parlamentario no emite.
A pesar de que la sesión ha podido ser seguida a través de la página web del Parlamento, la cadena de televisión pública TRT ha rechazado las peticiones de los partidos opositores de cubrir los debates.
DISPUTAS POLÍTICAS
La operación contra la corrupción ha sacudido a la clase política turca, desencadenando una agria disputa entre el Gobierno del AKP y el estudioso islámico Fethulá Gülen, cuyos seguidores ocupan cargos clave en la Policía, el sistema judicial y los servicios secretos.
Erdogan ha criticado abiertamente a Gulen en los últimos meses por su influencia en la Policía y el poder judicial en el marco de la operación contra la corrupción, que el primer ministro ha descrito como un intento de golpe de Estado.
Los años de desencuentros entre ambos se recrudecieron debido a un plan gubernamental para abolir escuelas privadas, incluyendo aquellas dirigidas por Hizmet. Este movimiento, que cuenta con millones de seguidores en Turquía y en el extranjero, controla cientos de escuelas e instituciones educativas.
El Ejecutivo de Erdogan se ha visto debilitado a consecuencia del escándalo si bien consiguió imponerse aún así en las elecciones municipales celebradas en marzo.
El Gobierno ha cesado y reasignado desde entonces a cientos de policías, jueces y fiscales responsables de la investigación y además ha promovido una reforma judicial para transferir el poder de nombrar jueces y fiscales del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales al ministro de Justicia, lo que ha sido interpretado como un intento de limitar la independencia judicial en el país.
