BUCAREST, 2 Jul. (Reuters/EP) -
Una comisión del Parlamento de Rumanía ha votado este lunes a favor de despenalizar parcialmente el abuso de poder, algo que podría invalidar la condena contra el líder del partido gobernante, Liviu Dragnea, así como aumentar la tensión con la Unión Europea por debilitar la lucha contra la corrupción.
El grupo de trabajo parlamentario, dirigido por Florin Iordache, que dimitió el año pasado precisamente por fracasar en su intento de despenalizar varios delitos relacionados con la corrupción, ha resuelto la votación por trece votos a favor y siete en contra gracias al apoyo del gobernante Partido Social Demócrata.
Los cambios propuestos implican que el abuso de poder no será considerado delito si no se logra probar que el servidor público en cuestión ha actuado en su propio beneficio o en el de sus parientes de hasta segundo grado y si estos beneficios no superan los 400 euros. Además, la pena pasaría de siete a cinco años y los condenados mayores de 60 años de edad solo cumplirían un tercio de la misma.
Este borrador ha desatado la ira de la oposición rumana porque considera que las modificaciones están pensadas para exonerar a Dragnea, que el mes pasado fue condenado a tres años y medio de cárcel por incitar a otros funcionarios a cometer un delito de abuso de poder.
La sentencia contra Dragnea, que ostenta la Presidencia de la cámara baja del Parlamento, todavía no es firme. Una de las claves para tumbarla es que ni el líder socialdemócrata ni sus familiares se habrían beneficiado del delito, aunque sí algunos miembros del partido político.
El proyecto de ley será debatido el martes en el Senado. La votación definitiva en la cámara baja está prevista para el 19 de julio, cuando expira la sesión extraordinaria iniciada este 2 de julio para ventilar este asunto. Se espera que los socialdemócratas ganen el pulso parlamentario porque suman mayoría en el Congreso.
Esta reforma penal es menos ambiciosa que la ideada en su momento por el Gobierno, que encontró como freno las mayores protestas desde el fin del régimen comunista. De acuerdo con la Fiscalía, la nueva ley acabaría con más de 200 procesos judiciales en curso por abuso de poder.
Rumanía es uno de los países más corruptos de la UE y por ello Bruselas observa con especial atención el sistema judicial del país desde su adhesión al bloque comunitario, en 2007.
