LA HAYA, 21 Sep. (EP/AP) -
Los ministros holandeses de Justicia y Vivienda, Piet Hein Donner y Sybilla Deker, respectivamente, dimitieron hoy tras reconocer su responsabilidad por omisiones de seguridad en el incendio que se desató en una prisión de un aeropuerto en el que murieron 11 inmigrantes que esperaban a ser deportados.
Los dos ministro informaron al Parlamento que presentaron sus renuncias ante la Reina Beatriz, dos meses antes de que se celebren las elecciones nacionales.
Dekker reconoció que hubo más fallecimientos en el incendio del 27 de octubre debido a la premura con que se construyó la cárcel aeroportuaria en el año 2002, en una época en que el público estaba preocupado por el creciente aumento en los índices delictivos.
"Debido a esta urgencia pública y política, había mucha presión para ampliar las instalaciones de detención para narcotraficantes", señaló Dekker. "Los desastres nunca pueden ser descartados del todo, sin importar las normas que se establezcan", agregó.
Los ministros hablaron ante los diputados horas después de que el Consejo de Investigaciones de Seguridad, integrado por peritos, difundiera el resultado de sus investigaciones en torno al incendio, un informe en el que presentó una larga lista de deficiencias en la zona de detención del aeropuerto antes del desastre y en la gestión del incendio después de que se desató.
El informe indicó que el Gobierno no prestó la debida atención a los estándares de seguridad en la cárcel, lo que contribuyó a la muerte de los indocumentados y presuntos narcotraficantes en medio de las llamas, aparentemente desatadas por un prisionero.
El documento podría provocar un costoso bochorno para el Gobierno conservador, en momentos en que el país se prepara para los comicios del 22 de noviembre.
El informe también criticó a la ministra de Inmigración, Rita Verdonk, por el tratamiento que dio a los presos que sobrevivieron al incendio, algunos de los cuales fueron deportados posteriormente antes de que pudieran dar su testimonio ante la comisión.
Habría habido "menos o ninguna víctima si las organizaciones involucradas hubiesen prestado (la debida) atención a la seguridad contra incendios", señaló el texto.
El Ministerio de Justicia, el servicio de inspección de edificios del país, y la ciudad de Haarlemmermeer --que tiene jurisdicción sobre el aeropuerto-- "no respetaron en varios puntos las leyes y normativas relacionadas con la seguridad de incendios", agregó.
Pieter van Vollenhoven, presidente del consejo, rechazó responder a las preguntas sobre la posibilidad de que se presenten cargos penales. "No depende de nosotros determinar la culpa", señaló. Dicha labor depende de los fiscales.
