BOGOTÁ, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro ha desmentido que acelerara la firma de contratos públicos antes de que su destitución e inhabilitación por 15 años fuera firme, tal y como publica este domingo el diario colombiano 'El Tiempo'.
'El Tiempo' ha informado de que en los 101 días que han pasado desde el 9 de diciembre al 19 de marzo, cuando se ordenó su destitución e inhabilitación y cuando se hizo efectiva, Petro ha firmado una media de tres contratos diarios por un valor total de 46.000 millones de pesos (23.877 millones de dólares).
La mayoría de los contratos se destinaron, según el periódico, a crear un equipo jurídico con una decena de abogados del más alto nivel y otro de comunicación, con cinco expertos, dedicados a asesorar en los temas delicados de la Alcaldía de Bogotá.
En concreto, detalla que al ex viceministro de Justicia Guillermo Reyes fue contratado por una media de 17,5 millones de pesos (9.083 millones de dólares) mensuales "para acompañar al despacho del alcalde en los diferentes procesos, actuaciones y componentes relacionados con la prestación del servicio público domiciliario de aseo".
Reyes ha negado que en realidad haya prestado una especie de defensa jurídica en la sombra, a pesar de que este tema es el que ha provocado la destitución e inhabilitación del ex guerrillero del M19 como jefe del Gobierno capitalino.
"A mí me envían estudios jurisprudenciales y yo emito un concepto. Uno de estos, el famoso decreto del tema de reciclaje y aseo de Bogotá. Emití un concepto en consonancia con lo que la fuerza administrativa dice", ha dicho.
PETRO LO DESMIENTE
Petro se ha apresurado a desmentirlo a través de la red social Twitter. "La simple sugerencia al público de que los 46.000 millones de pesos de la Secretaría General se usan para la defensa del alcalde, es criminal", ha dicho.
El ex edil bogotano ha aclarado que "el 97 por ciento de los 46.000 millones de pesos son la prórroga de los contratos existentes anteriormente en servicio a los usuarios y defensa del Estado". "Desde el 24 de enero no se ha firmado un solo contrato", ha afirmado.
Petro ha asegurado que su defensa jurídica "hasta el día de hoy es solidariamente gratuita y está compuesta por abogados con convicciones democráticas", por lo que ha retado a 'El Tiempo' a que "compruebe si un solo abogado de los que le defiende ha cobrado por ello".
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
La salida de Petro de la función pública generó una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de "inquisitiva", y ordenó una "inspección" contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, defendió la legalidad de su decisión y rehusó entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que Petro solicitó tutela.
En este contexto, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una "crisis institucional" y, después de ello, anunció que sería neutral.
Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dictara medidas cautelares --algo que hizo-- al considerar que se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.
Finalmente, el Consejo de Estado --última instancia colombiana que quedaba por pronunciarse-- confirmó la destitución e inhabilitación de Petro y Santos la ratificó, ignorando así las medidas cautelares que aconsejaban suspender el proceso hasta que la CIDH decidiera sobre el fondo del asunto.
