VARSOVIA, 26 Ene. (EP/AP) -
El Parlamento polaco aprobó hoy con 208 votos a favor, 122 en contra y 66 abstenciones las enmiendas del presidente, Lech Kaczynski, que presentó a la ley aprobada en octubre por los parlamentarios y encaminada a excluir de la vida pública a los antiguos colaboradores con la policía secreta del régimen comunista.
En este sentido, la ley pretende abolir las anteriores comisiones de investigación con el objetivo de extender las indagaciones sobre posible colaboracionismo por parte de empresarios y gerentes de empresas, periodistas, directores de escuelas, funcionarios municipales y jueces.
Por su parte, el presidente, quien aprobó el proyecto de ley el pasado mes de noviembre, presentó más tarde enmiendas al mismo, exigiendo que todos los funcionarios públicos prestaran declaración y admitieran su possible colaboración con el régimen comunista, al tiempo que reiteró la posibilidad de vetar el proceso en casos en los que no hubiera suficientes pruebas condenatorias por parte de las comisiones de investigación. Asimismo, tipificó de forma delictiva la figura del 'colaborador consciente'.
La nueva legislación, que sustituye a las regulaciones más laxas de 1997, refuerza al Instituto Nacional de la Memoria como órgano estatal que archiva las fichas de la era comunista, a cuyo acceso tendrán víctimas del régimen comunista, historiadores y periodistas, para gestionar el proceso de investigación caso por caso de presuntos colaboracionistas.
Así, los individuos que desempeñaron destacados cargos públicos antes del 1 de agosto de 1972, tendrán que rellenar un certificado o ficha en el Instituto, en el que hagan constar su participación o no con la policía secreta del régimen comunista, antes de la caída del régimen en 1989. En el caso de probar la colaboración de una determinada persona, ésta tendrá prohibido desempeñar cualquier cargo público.
Por su parte, el proyecto de ley deberá volver al Senado para su debate final y ratificación, a la espera de que el presidente rubrique la nueva ley antes de su prevista entrada en vigor el próximo 1 de marzo.
