LISBOA (PORTUGAL), 21 Jun. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro) -
La nueva ley del aborto en Portugal, que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 10 semanas de gestación, entrará en vigor el próximo 15 de julio, tras ser publicado hoy en el boletín oficial del Estado (BOE) el decreto que regula la nueva legislación. La despenalización del aborto, fue aprobada por referéndum el pasado 11 de febrero, aunque éste no fue vinculante porque la abstención superó el 50%. La publicación en el BOE se realizó en el último día del plazo legal.
La nueva ley entra en vigor el próximo 15 de julio, porque hasta esa fecha los médicos del servicio nacional de salud deberán manifestar si son o no objetores de conciencia. Sin embargo, si está en peligro la vida de la madre, no se reconocerá el derecho de objeción a los facultativos. Muchos médicos ya se han inscrito como objetores y algunos hospitales la cifra alcanza el 80%.
Sin embargo, la ley aunque garantiza el derecho de los médicos a la objeción de conciencia, les obliga a encaminar a la mujer a los "servicios competentes" dentro de los plazos legales.
La redacción final del decreto establece un período de reflexión, superior a tres días, durante el cual la mujer debe poder recibir asistencia psicológica o de un asistente social. Una vez tomada la decisión, debe realizar una consulta médica obligatoria, que debe ser marcada en un máximo de cinco días, y que el médico que certifique que el embarazo no supera las 10 semanas no sea el mismo que va a realizar la interrupción del mismo.
Después de la intervención, la mujer tiene obligación de acudir a una consulta sobre salud sexual o planificación familiar. Además, el decreto establece que todos los abortos queden inscritos en un registro "anónimo y confidencial" en el que constarán los datos de la paciente y las características de la intervención.
En la redacción final del decreto, no consta la recomendación realizada por el Presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, de que se les diese a las mujeres que pretendían abortar información sobre las posibilidades de adopción. Solamente determina que éstas sean informadas en la consulta previa de carácter obligatorio, sobre las condiciones de apoyo que presta el Estado en la protección de la maternidad.
Hasta ahora en Portugal la ley vigente data de 1984 y contempla penas de hasta tres años de cárcel para las mujeres que se sometan a un aborto ilegal y de hasta ocho para el médico que lo practicase. Sin embargo, esa ley permite el aborto hasta las 12 semanas en caso de violación, malformación del feto y riesgo de la salud física o psíquica para la madre. Aun así, el número de abortos ilegales se acerca a los 40.000 anuales.
