LISBOA, 19 Oct. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Patricia Ferro) -
El Parlamento de Portugal aprobó hoy por segunda vez desde las legislativas de 2005 la celebración de un referéndum sobre la liberalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 10 semanas, a propuesta del Partido Socialista (PS) en el Gobierno, que argumentó que "el Estado no debe imponer la moral a los ciudadanos".
La propuesta fue aprobada con los votos a favor del PS, del Bloco de Esquerda (BE) y del Partido Social Demócrata (PSD) y con los votos en contra del Partido Comunista (PC), de Los Verdes, de la diputada socialista Matilde Sousa Franco y el socialdemócrata Roberto Cristovo, que defienden que la ley se modifique sin necesidad de consulta popular. El Partido Popular (CDS-PP), se abstuvo.
En el referéndum que, ahora tiene que ser aprobado y convocado por el Presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, y que todo indica no se opondrá, se le preguntará a los portugueses si "¿están de acuerdo con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, si es realizada, por opción de la mujer, en las primeras 10 semanas, en un establecimiento de salud legalmente autorizado?".
La utilización del término "despenalización" o "liberalización" ocupó gran parte del debate. Al final se impuso la despenalización defendida por los socialista, que aseguran que lo que pretenden es "despenalizar hasta las 10 semanas, el resto sigue siendo delito", en vez de la liberalización, que sugería el CDS-PP.
Aunque en el fondo la palabra viene a decir lo mismo siempre que está acompañada por "hasta las 10 semanas", es decir, que la mujer puede elegir libremente y sin riesgo de ser penalizada si quiere interrumpir su embarazo hasta las 10 semanas de gestación, a partir de ahí deben cumplir los tres requisitos que existen en la ley actual, que es muy similar a la española (peligro físico o psíquico para la madre, violación, o malformación del feto).
El PS en su defensa por la "despenalización" del aborto hasta las 10 semanas argumentó que el Estado no debe imponer la moral a los ciudadanos, si no que debe dejar que cada individuo decida según "sus propias dudas o convicciones, sus propias opiniones o sentimientos". "Ese es un problema íntimo y particular de cada persona, en el que un Estado de derecho democrático no debe invadir", defendieron los socialistas que además consideraron que será una forma de combatir el aborto ilegal en el país, que se calcula está entre los 20.000 y 40.000 casos al año.
La propuesta de los socialistas, defendió su líder parlamentario, Alberto Martins, "no hace apología del aborto, no lo recomienda, no favorece incita a su práctica"- El aborto, dijo, "no debe ser encarado como un anticonceptivo", afirmó.
LA DOBLE MORAL
Esta es la tercera ocasión, desde las elecciones legislativas de 2005, en que el Partido Socialista lleva la propuesta del Referéndum al Parlamento, la primera después de ser aprobada por la Asamblea fue rechazada por el entonces presidente de la República, Jorge Samapio, meses después volvió al Parlamento pero fue considerada ilegal porque la ley portuguesa no permite llevarla en dos ocasiones en un mismo año legislativo.
En Portugal para que el resultado de un referéndum sea vinculativo es necesario que la participación supere el 50%, si no es así, como ocurrió en el referéndum de 1998, la consulta no tiene ningún valor.
Ahora comenzará la pre-campaña con socialistas, BE, PC, Los Verdes y diversas asociaciones no gubernamentales apoyando el sí, y la iglesia, el CDS-PP, el PSD y todas las asociaciones católicas y Pro-Vida, defendiendo el NO.
A pesar de la ley del aborto en Portugal ser muy similar a la de España, solamente varían las semanas en las que se puede realizar en algunos supuestos. La diferencia está en la aplicación de la misma. Mientras que en España, al igual que la Organización Mundial de la Salud (OMS), los médicos admiten los motivos económicos y sociales como factores de riesgo en la salud psíquica de la madre, al igual que el hecho en si de un embarazo no deseado, en Portugal no. Además de que el código deontológico de los médicos portugueses es contrario a la Ley y no admite el aborto.
Esto implica que en Portugal no hay clínicas privadas que realicen la interrupción involuntaria del embarazo, como ocurre en España, no porque la ley lo impida, si no porque, en principio, no hay médicos disponibles.
