BRUSELAS, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento europeo ha rechazado este jueves por solo dos votos de diferencia una resolución en la que se apelaba a la responsabilidad de la Unión Europea y de los gobiernos para reforzar las operaciones de salvamento de migrantes en el mar Mediterráneo, en una votación en la que el Partido Popular Europeo y la ultraderecha han votado en contra.
"Lamentamos que por dos votos no haya sido posible expresar un mensaje de solidaridad no solo con quienes pierden la vida en el mar, sino también con los estados miembro de la Unión Europea para que haya un mecanismo europeo de salvamento de vidas en el mar", ha señalado el ponente de la resolución, el socialista español Juan Fernando López Aguilar, tras la votación.
López Aguilar ha criticado que no haya salido adelante el texto precisamente en una jornada en la que "volvemos a lamentar trágicamente la muerte de 39 víctimas de las redes y de las mafias que trafican con personas".
El texto ha sido rechazado con el voto en contra de 290 eurodiputados, 288 a favor y 36 abstenciones. En contra han votado el grupo del PPE casi en bloque, incluidos los eurodiputados del PP a excepción de Leopoldo López Gil, la ultraderecha de Identidad y Democracia (ID) y el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, incluidos los tres eurodiputados de Vox.
El objetivo de la resolución era pedir a la Unión Europea y a las capitales que asumieran mayores esfuerzos para mejorar las operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo, con el fin de evitar más muertes en alta mar.
En concreto, la resolución apuntaba la necesidad de una estrategia "fiable y permanente" para contar con una respuesta duradera para el rescate de migrantes y no "soluciones 'ad hoc'" para cada episodio de crisis.
En este sentido, también se abogaba por afianzar las rutas legales de entrada a la Unión Europea y pedía a los Veintiocho que acordaran por fin un mecanismo justo y permanente para el reparto de las plazas de acogida.
Entre los asuntos tratados en el texto que ha sido rechazado también se abordaba la criminalización de las ONG y activistas que conducen operaciones de rescate en el Mediterráneo o dan apoyo humanitario a los migrantes y que, por esta labor, son juzgados en algunos Estados miembro.
El texto reclamaba a los países de la UE que mantuvieran sus puertos abiertos a las embarcaciones de estas ONG y advertía de que la asistencia humanitaria no debe perseguirse.
