DODOMA, 27 Nov. (Reuters/EP) -
El primer ministro de Tanzania, Mizengo Pindá, continúa en el cargo a pesar de las peticiones de dimisión de un comité parlamentario que le ha acusado de corrupción, por autorizar pagos ilegales a una empresa privada.
A principios de noviembre, la oposición entregó al Parlamento un informe en el que se acusaba a altos cargos del Gobierno de autorizar pagos fraudulentos de al menos 122 millones de dólares (casi 98 millones de euros) con fondos públicos.
Basándose en el informe, el Comité de Cuentas Públicas (PAC) pidió la dimisión de Pindá, acusándole de negligencia en el cumplimiento del deber.
"Al concluir este asunto, tomaremos una decisión", dijo Pindá cuando un miembro de la oposición le preguntó si dimitiría. El primer ministro, que trató de bloquear el debate en el Parlamento la pasada semana, publicará un comunicado sobre el caso el viernes.
"El primer ministro debe hacerse responsable de su fracaso en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales", ha dicho el presidente del PAC, Zitto Kabwe.
El PAC también ha pedido la dimisión del ministro de Energía y Minerales, Sospeter Muhongo, por autorizar, junto a otros altos cargos del Gobierno, el pago ilegal DE fondos públicos al dueño de una empresa privada, IPTL.
El dinero del Estado, depositado en una cuenta bancaria mancomunada por la eléctrica estatal TANESCO y IPTL, fue entregado al propietario de IPTL, Pan Africa Power (PAP) en 2013, aunque PAP asegura que la transferencia fue legal.
Muhongo explicó al Parlamento que el dinero de la cuenta bancaria fue depositado por el Gobierno como parte de un contrato de compra de electricidad, y por tanto el dinero pertenecía a IPTL.
Los diputados esperan concluir el debate el viernes y votar las dimisiones de los ministros. Si el Parlamento así lo decide, a Pindá y Muhongo se les exigirá la dimisión.
Tanzania ha descubierto reservas de gas en la costa, pero el sector energético ha sido acusado varias veces de corrupción, por lo que los donantes han retrasado el pago de la ayuda.
Un grupo de 12 donantes internacionales dijo en octubre que sólo pagará los compromisos de ayuda por valor de 500 millones de dólares (400 millones de euros) si se publican los resultados de la investigación y se toman las medidas adecuadas.
