La comisión electoral rechaza las denuncias de la Conferencia Episcopal sobre irregularidades
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El principal candidato opositor a la Presidencia de Burundi, Agathon Rwasa, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional tras denunciar fraude e irregularidades en las elecciones presidenciales, parlamentarias y locales celebradas la semana pasada.
La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) anunció el lunes que el candidato gubernamental a la Presidencia, Evariste Ndayishimiye, se había hecho con cerca del 69 por ciento de los votos, imponiéndose así con amplitud a Rwasa, quien habría recabado el 24,19 por ciento de las papeletas.
El organismo destacó que Ndayishimiye se ha impuesto con holgura en todas las provincias del país, un resultado que también ha logrado el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD) en las legislativas, en las que logró el 68 por ciento de los votos, frente al 22,43 por ciento recabado por el Congreso Nacional para la Libertad (CNL) de Rwasa.
"Rechazo los resultados proclamados por la CENI, ya que hay errores monumentales en todo el país. No hay una sola comuna que se haya librado", ha sostenido Rwasa, quien ha asegurado que tiene pruebas de que ha habido llenado de urnas durante la jornada electoral.
Rwasa ha sostenido que el CNL no busca comparar sus resultados con los de la CENI y ha recalcado que la formación "ha presentado pruebas de que hubo un fraude masivo". "Por ahora esperamos a la decisión del Constitucional", ha señalado, si bien planea acudir al Tribunal de Justicia de África Oriental (EACJ) si el fallo no le es favorable.
"Es intolerable que los estados sigan cometiendo barbaridades a través de las elecciones e impidan avanzar en la vía democrática", ha explicado, en declaraciones concedidas al diario independiente burundés de noticias 'Iwacu'.
Así, ha subrayado que la CENI deberá rendir cuentas además por su gestión del censo, que no fue publicado antes de la votación, antes de agregar que la Fiscalía obligó además al organismo a retirar a candidatos del CNL de las listas.
Por su parte, la Conferencia Episcopal de Burundi (CECAB) denunció el miércoles que ha constatado "irregularidades" durante las elecciones y ha puesto en tela de juicio el resultado de las mismas. Así, dijo que la triple cita con las urnas no cumplió con los "elementos que deben caracterizar los comicios verdaderamente democráticos".
Entre las irregularidades detectadas por los más de 2.700 observadores desplegados por la Conferencia Episcopal en todo el país figuran pucherazos y voto en nombre de difuntos y refugiados, entre otros. Además, en algunos colegios electorales ha habido electores que han votado más de una vez además de intimidaciones en algunos casos contra estos.
CRÍTICAS A LA CONFERENCIA EPISCOPAL
En respuesta, el presidente de la CENI, Pierre-Claver Kazihise, ha dicho que "no es comprensible que, de 39 organizaciones de observadores, sólo una revele cosas que las otras 38 no constaten", en referencia a las críticas vertidas por la CECAB.
"Hemos tenido muchas reuniones con los observadores para formarles en su misión para que sean eficaces, pero no es una tarea fácil cuando se envía al terreno a gente sin experiencia", ha señalado, antes de agregar que, en estos casos, "es muy probable que produzcan un informe erróneo".
Por ello, ha resaltado que mantendrá una reunión con los observadores electorales una vez que todas las organizaciones publiquen sus informes "para ver si pudieron realizar el trabajo para el que fueron preparados". También la organización cuyas conclusiones son marginales será invitada", ha añadido, en referencia a la CECAB.
La votación tuvo lugar en ausencia de observadores de los principales organismos regionales e internacionales, incluidos los de Naciones Unidas, la Comunidad Africana Oriental (EAC) y organizaciones civiles, a raíz de las críticas a las elecciones de 2015.
Kazihise se ha pronunciado además sobre la polémica en torno a la retirada de los resultados provisionales de la página web de la CENI y ha dicho que "no debieron haber sido publicados porque no estaban bien controlados", sin explicar a qué se refiere con ello.
"Próximamente tendremos las cifras del organismo y se verá que son probablemente más justas, pero hace falta verificar si llevan el sello de la CENI. Lo que pasó es que se publicó un borrador que no debió haber sido publicado", ha remachado.
LIBERADA UNA DESTACADA OPOSITORA
Por otra parte, Cathy Kezimana, candidata del CNL al Parlamento, ha sido liberada provisionalmente de prisión, según ha confirmado ella misma este viernes. Su detención provocó su eliminación de los comicios por supuestamente violar la legislación electoral.
"Fui acusada de insultos (al partido gubernamental) y llevada a la prisión central (Mpimba) la misma tarde, pero no hice nada malo. Los vídeos de mis campañas están ahí. Simplemente querían eliminarme como candidata y lo hicieron", ha denunciado.
Kezimana ha resaltado en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC --cuya licencia fue retirada el año pasado por las autoridades-- que junto a ella había otros miembros del CNL que habían sido detenidos durante la campaña electoral.
"Mujeres y muchos hombres están aún allí (en prisión). Muchos son personas normales que no tienen abogados, comida, nada. Por eso, aunque haya sido liberada, mi corazón sigue allí con esas personas que no tienen abogado", ha manifestado.
El tribunal que ha concedido la libertad condicional a la parlamentaria ha ordenado que no participe en actividades políticas y que comparezca cada lunes ante la corte.
Las elecciones estuvieron marcadas por un repunte de la violencia y ante el temor de que el país se vea arrastrado a una crisis violenta como la de 2015, cuando el presidente saliente, Pierre Nkurunziza, decidió presentarse a un tercer mandato, a pesar de que la oposición denunciaba que ello violaba el acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil (1993-2005).
Asimismo, se celebraron en medio de la pandemia de coronavirus y menos de una semana después de que el Gobierno expulsara del país al jefe de la delegación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a otros tres integrantes de la misma, sin ofrecer ningún motivo para justificar su decisión.
