BOGOTÁ, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Procuraduría de Colombia ha ratificado este lunes la destitución e inhabilitación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, acusado de cometer irregularidades en la contratación de empresas de limpieza para la ciudad hace más de un año.
La Sala Disciplinaria del Ministerio Público ha avalado los argumentos de la sentencia dictada el pasado 9 de diciembre y que supuso la expulsión del alcalde de la capital colombiana, así como su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante los próximos 15 años.
El Ministerio Público coincide en que Petro incurrió en faltas al conceder en 2012 la gestión de la limpieza a una empresa que carecía de experiencia y capacidad. Entiende, además, que al concurso debían haber podido presentarse empresas ajenas al Distrito de Bogotá y que, al permitir el uso de camiones 'volquetas', no se tuvieron en cuenta los posibles daños para el medio ambiente y la salud de la población.
La Procuraduría ha considerado probado que Petro cometió "tres faltas disciplinarias gravísimas" y, por tanto, reafirma la resolución previa. El Ministerio Público comunicará ahora su decisión al presidente, Juan Manuel Santos, a quien corresponde la ejecución de la sanción, según Caracol Radio, que ha confirmado que los papeles ya están en poder del Ministerio del Interior.
La defensa ha solicitado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Petro ha intervenido para llamar a la movilización popular ante lo que considera "un golpe de Estado". Las fuerzas de seguridad han reforzado su presencia en previsión de que se produzcan nuevas manifestaciones multitudinarias.
Petro ha advertido de que la decisión no es firme ya que falta la firma de Santos, por lo que ha pedido al mandatario que espere a ver lo que determina la CIDH y no firme el documento acordado este lunes por la Sala Disciplinaria.
Más allá del futuro inminente del alcalde, la decisión adoptada este lunes por la Procuraduría impide la realización de una consulta convocada para comienzos de marzo y con la que se pretendía que fuesen los propios habitantes de Bogotá los que decidiesen si Petro seguía en el cargo.
