Qatar introducirá cambios en su normativa laboral

Actualizado: miércoles, 14 mayo 2014 21:41

DOHA, 14 May. (Reuters/EP) -

Qatar ha anunciado este miércoles cambios en su reforma laboral, después de las persistentes críticas recibidas por parte de los grupos de Derechos Humanos por el trato de los trabajadores. Las autoridades no han fijado ninguna fecha y la nueva normativa tampoco establecerá un salario mínimo ni permitirá los sindicatos.

La presión sobre al país árabe, anfitrión del Mundial de fútbol de 2022, aumentó después de que el periódico británico 'The Guardian' denunciara en septiembre que decenas de nepalíes habían muerto en las obras y que los trabajadores no recibían suficiente agua y comida. Las autoridades nepalíes y qataríes negaron la información.

La propuesta de reforma incluye reemplazar la 'kafala', una ley que obliga a los trabajadores a pedir permiso a sus jefes para cambiar de trabajo, por un sistema basado en los contratos de empleo, según han confirmado fuentes oficiales de Doha. La normativa por la que los empleados necesitan el permiso de los empresarios para salir de Qatar también se reformará.

Las autoridades han anunciado algunos cambios en respuesta a la revisión de la legislación laboral realizada por un bufete de Reino Unido. DLA Piper, el nombre de la compañía, ha recomendado a Qatar crear un salario mínimo para cada una de las categorías de los trabajadores de la construcción. Esta compañía también ha denunciado que la ley qatarí no permite el derecho a la libre asociación ni las negociaciones colectivas para trabajadores inmigrantes.

Sin embargo, las nuevas reformas no han tenido en cuenta estas recomendaciones y no se permitirá la creación de sindicatos ni se fijará un salario mínimo. Las autoridades qataríes han explicado en una rueda de prensa que los salarios se establecen en función de la oferta y la demanda del mercado.

Con la nueva reforma, los salarios de los trabajadores se pagarán de manera electrónica para evitar retrasos. También incluye unas "normas de acomodación unificadas", una medida aparentemente dirigida al alojamiento de los trabajadores inmigrantes, a menudo, espartano o sucio.

Además, las autoridades proponen sancionar a los empresarios que retengan los pasaportes de los empleados con sanciones que van desde los 10.000 riales (2.000 euros) hasta los 50.000 (10.000 euros). La retirada de los pasaportes a los trabajadores por parte de las compañías qataríes es una práctica bastante habitual y hasta ahora no solía castigarse.

LAS REFORMAS LLEGARÁN "PRONTO"

"Para ser claros, el actual sistema kafala será reemplazado por un sistema basado en los contratos de empleo y que se basarán en la relación entre empleados y empresarios", ha confirmado el director del departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Abdulá Saqr al Mohanadi.

Pero hasta que la reforma entre en vigor, primero tendrá que pasar por el Consejo de la Shura, un cuerpo consultivo, así como por la Cámara de Comercio de Qatar y los departamentos del Gobierno, según ha explicado el adjunto al director general de Asuntos Expatriados del ministerio del Interior, Mohamed Ahmed al Atiq. "Si es la voluntad de Dios, esperamos que ocurra pronto, pero es difícil poner una fecha", ha añadido.

Los sindicatos están prohibidas en Qatar y las trabajadores protestan suelen ser deportados. La Conferencia Internacional de Sindicatos ha denunciado que la reforma no garantiza cambios para los trabajadores. "No se ha anunciado ninguna medida para acabar con las muertes y los heridos entre los trabajadores extranjeros", ha publicado este organismo en un comunicado.

La organización ha asegurado que, desde que en 2010 se conoció que Qatar acogería la celebración del Mundial de fútbol, más de 1.200 hombres han muerto en las obras de construcción del estadio. Por su parte, Qatar sostiene que ningún trabajador de la construcción ha muerto en los estadios del Mundial.

Qatar tiene la proporción más alta de trabajadores inmigrantes del mundo. Según el informe de DLA Piperm, Qatar cuenta con 1,39 millones de mano de empleados extranjeros, lo que supone que los inmigrantes constituyen el 85 por ciento de la población. Este documento también ha encontrado que los constructores no respetan las actuales normas de acomodación, que permiten un máximo de cuatro personas por habitación.

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