25 de octubre de 2020
19 de abril de 2018

Relatores de la ONU piden a Irán que no ejecute a un kurdo iraní por dudas en torno a la limpieza de su juicio

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reclamado este jueves a Irán que anule la aplicación de la pena de muerte contra el kurdo iraní Ramin Hosein Panahi debido a las "graves preocupaciones" en torno al juicio en el que fue condenado y las denuncias sobre las torturas y malos tratos que ha sufrido desde su detención.

"Ejecutar a Panahi tras su tortura y juicio injusto a raíz de cargos que no cumplen los estándares internacionales para el uso de la pena de muerte sería inadmisible", han dicho los expertos en un comunicado conjunto.

"Reclamamos al Gobierno de Irán que anule la pena de muerte", han afirmado, antes de expresar su "profunda preocupación" por "las informaciones de que Panahi ha sufrido graves violaciones de los Derechos Humanos antes y durante su juicio", entre las que han citado detención incomunicada, torturas, malos tratos, negativa a acceso a un abogado y tratamiento médico inadecuado.

Así, han resaltado que "la pena de muerte fue impuesta a Panahi tras unos procedimientos judiciales que parecen no haber cumplido las garantías estrictas para un juicio justo, lo que es requerido por el Derecho Humanitario".

"Recordamos a Irán que la única cosa que diferencia la pena de muerte de una ejecución arbitraria es el total respeto a las garantías estrictas al debido proceso", han manifestado, antes de subrayar que varios familiares de Panahi han sido sentenciados en otros juicios sumarios.

Un total de tres familiares de Panahi fueron arrestados por consultar con las autoridades sobre su paradero y fueron imputados y sentenciados a penas de cárcel por cargos relacionados con la seguridad nacional.

Panahi fue detenido en junio de 2017 por su presunta pertenencia al partido ilegalizado Organización de Obreros Revolucionarios del Kurdistán Iraní (KOMALA) y su familia no recibió información sobre su paradero durante cuatro meses.

Los expertos han alertado que "a pesar de los signos de tortura, no se ordenó una investigación", y han dicho que "fue sentenciado y condenado a muerte por alzarse en armas contra el Estado a raíz de su presunta pertenencia a KOMALA".

Los firmantes del comunicado son a relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard; el relator especial sobre Derecho a la Salud, Dainius Puras; y el relator especial sobre tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer.