MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Policía de Ruanda ha recalcado este miércoles que la seguridad en la frontera con Burundi es buena y ha rechazado las informaciones sobre la responsabilidad de un grupo que dice buscar derrocar al presidente, Paul Kagame, en los últimos ataques en la zona.
"La seguridad reina en los alrededores del bosque de Nyungwe", ha dicho el inspector general de la Policía Nacional, Emmanuel Gasana, quien ha resaltado que las informaciones sobre operaciones de un grupo rebelde "no tienen fundamento".
"Los que llevaron a cabo los ataques son bandidos que han robado bienes de la población y volvieron al lugar de origen desde el que lanzaron los ataques", ha sostenido, según ha informado la agencia estatal ruandesa de noticias, RNA.
Así, ha reconocido que "bandidos entraron en territorio ruandés y robaron bienes a las poblaciones" y ha manifestado que "los órganos de seguridad no pueden tolerar esta afrenta de ninguna manera".
Las declaraciones de Gasana han llegado dos días después de que Callixte Nsabimana Sankara, portavoz de un nuevo partido llamado Movimiento de Ruanda para el Cambio Democrático (MRCD), afirmara desde Sudáfrica que habían iniciado la lucha armada para expulsar del poder a Kagame.
En este sentido, indicó que su brazo armado había protagonizado enfrentamientos con el Ejército en el bosque de Nyungwe durante el último mes, según ha recogido la agencia británica de noticias Reuters.
Sankara es un antiguo miembro del partido de oposición en el exilio Congreso Nacional de Ruanda, fundado por antiguos asesores de Kagame que se distanciaron del presidente.
El actual presidente, que tiene 60 años, es el único dirigente que ha conocido Ruanda desde el inicio del nuevo milenio. Comandó la fuerza rebelde que acabó con el genocidio de 1994 y se convirtió en vicepresidente hasta que en el año 2000 escaló a la Jefatura del Estado como presidente de un gobierno interino al que pusieron fin los comicios de 2003, los primeros que ganó.
Kagame se hizo con el reconocimiento de la comunidad internacional por llevar a cabo una recuperación económica, pacífica y rápida tras el genocidio de 1994, cuando unos 800.000 tutsis y hutus moderados perdieron la vida.
Asimismo, el mandatario también ha sufrido duras críticas por parte de grupos de defensa de los Derechos Humanos, que lo han acusado de abusos y torturas, así como de represión contra la oposición y los medios de comunicación independientes.
