ROMA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de treinta detenidos en las cárceles del Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) comenzaron ayer una huelga de hambre para protestar contra la transferencia de los casos de cuatro de sus compañeros a la justicia ruandesa, según informaron fuentes del Tribunal a la agencia misionera de noticias MISNA.
Las citadas fuentes informaron desde la sede del TPIR en Arusha (Tanzania) que la protesta fue precedida por una carta abierta dirigida al presidente del Tribunal Penal Internacional en la que los detenidos protestaban contra la transferencia de cuatro casos, por considerar que se arriesgan a ser sometidos a juicios injustos.
"Puedo confirmar que en los últimos días 40 detenidos, de los 56 se encuentran actualmente en cárcel, han suscrito una carta en la cual es cuestionada la legalidad de la transferencia pedida al procurador del Tribunal en los primeros días de septiembre", informó a MISNA el portavoz del TPIR, Roland Amoussouga. "Treinta de los firmatarios de ayer están en huelga de hambre", añadió.
En la carta, los detenidos acusan al fiscal del Tribunal de seguir una agenda escondida preparada por Estados Unidos, Reino Unido y el Gobierno ruandés "para poner rápidamente fin a los procesos del TIPR y evitar así investigaciones sobre crímenes cometidos por el Frente Patriótico Ruandés (FPR, actualmente en el poder en Kigali) en el periodo de competencia del tribunal".
Según Amoussouga, los magistrados del TPIR decidirán dentro de dos meses si permiten la transferencia. El pasado mes de abril, el Tribunal de Ruanda --encargado de juzgar a los principales autores del genocidio ruandés de 1994 en el que murieron entre 500.000 y 800.000 tutsis y hutus moderados-- efectuó la primera transferencia de un caso de su competencia a los Países Bajos.
La entrega de casos a las magistraturas de otros países entra en las "estrategias de fin de mandatos" del Tribunal de la ONU, que dentro de 2008 debe concluir los procesos de primer grado.
Hasta ahora no ha sido posible llegar a acuerdos sobre la transferencia de casos a Ruanda porque el país africano contemplaba aún la pena de muerte en su código, una pena no prevista por el Tribunal de Arusha, que puede condenar, como pena máxima, a cadena perpetua. La reciente abolición de la pena de muerte en Ruanda ha permitido recientemente la transferencia de procesos.
