LONDRES, 20 May. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Eva Martínez Millán) -
El Gobierno británico pretende registrar en una base de datos global toda llamada telefónica, correo electrónico y mensaje de texto que circule por el país como parte de una estrategia de lucha contra el terrorismo que ya cuenta con otros precedentes polémicos como el intento de ampliar el plazo máximo de detención sin cargos de los 28 días actuales a 42.
Según informó hoy el diario 'The Times', el Ministerio del Interior estudia la instauración de un sistema que recoja los detalles de las comunicaciones por teléfono, los emails enviados y el propio tiempo dedicado a la red por los ciudadanos, para lo que ya se habría puesto en contacto con los proveedores de internet (ISP, en sus siglas en inglés) y las compañías de telecomunicaciones.
La intención del Ejecutivo es que ambos pongan en sus manos las grabaciones y registros que, según estipula la directiva antiterrorista de la Unión Europea, actualmente ya mantienen durante un año y que pasarían a la custodia gubernamental por un plazo igual como mínimo, en el que tanto la policía como los servicios de seguridad en general podrían acceder una vez obtenida la autorización judicial.
Se trata de un paso más de los promovidos por el departamento del Interior en medio de una importante polémica en la que diversas plataformas ciudadanas e incluso organismos oficiales de carácter independiente han denunciado un intento de control desmedido, tras los planes en otros registros masivos en documentos como los de identidad y de los propios usuarios del sistema de salud.
No obstante, en el caso de esta última previsión ha surgido ya las dudas sobre la propia capacidad de absorber toda la información generada por una red en la que tan sólo el pasado año se intercambiaron 57.000 millones de mensajes de texto y en la que se calcula que en torno a tres millones de correos electrónicos son enviados diariamente.
PROYECTO DE LEY
En este sentido la medida todavía no ha sido planteada a los demás miembros del gabinete, si bien el departamento de Interior tiene la intención de incluir un proyecto de ley sobre datos de las comunicaciones en el tradicional Discurso de la Reina del mes de noviembre, en el que el Gobierno da a conocer las perspectivas legislativas del año siguiente y cuyo avance fue presentado la pasada semana por el primer ministro, Gordon Brown, con promesas de refuerzo de la seguridad pero sin aludir en concreto a esta apuesta.
Por su parte, la industria de las telecomunicaciones ya ha advertido de que un único registro de datos se encontraría en permanente riesgo de ataques y abusos, mientras que cuerpos reguladores como la Comisión de Información del propio Gobierno admitieron las "preocupaciones serias" que genera este "posible paso demasiado lejos".
"No conocemos ninguna justificación para que el Estado retenga cada llamada y utilización de internet de los ciudadanos", aseveró el asistente del comisario, Jonathan Bamford, en relación a las "dudas reales" acerca de si "tal medida puede estar justificada, o ser proporcionada o deseable".
La propuesta se integra en la batería de actuaciones que Londres se decidió a activar para completar la normativa comunitaria tras los ataques terroristas del 7 de julio de 2005 y conceder uniformidad al sistema, especialmente después de que desde el pasado mes de octubre las compañías de telecomunicaciones recibiesen de Bruselas la orden de mantener durante 12 meses las grabaciones de las llamadas y de los mensajes de texto.
Una apuesta que se pretende extender a internet, a los correos electrónicos y a los sistemas de voz de la red e incluirlos en un proyecto de ley de datos de las comunicaciones en Reino Unido, donde las autoridades apuestan por un registro global controlado por el Gobierno, en lugar de los individuales con los que cuentan actualmente las empresas en base a sus servicios y clientes.
