MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) denunció hoy los supuestos contratos militares firmados entre el Gobierno español y el marroquí que ascienden a un total de 200 millones de euros, un hecho "de extrema gravedad", según la organización, que considera que servirán para fortalecer la presencia militar en el Sáhara Occidental.
La coordinadora denuncia en un comunicado que con estos contratos el Gobierno "deja al descubierto su hipócrita política en relación al Sáhara Occidental, en donde se pliega a los intereses de Marruecos, fortalece su régimen autocrático y, en contra de las resoluciones de la ONU, alienta el mantenimiento de la ocupación ilegal de un territorio que sigue pendiente de descolonización".
CEAS-Sáhara aprovechó además para hacer "un llamamiento urgente a la opinión pública española, a sus instituciones y a sus organizaciones políticas y sindicales, y al propio Gobierno de España, para que se paralicen de inmediato dichos contratos militares, ya que constituyen un desafío a la paz y la seguridad en toda la región".
Este rearme marroquí servirá, según la coordinadora, para que Marruecos consolide su posición militar en la región y por elló denunció "cualquier propuesta en la que no se respete el ejercicio del derecho de autodeterminación", según las resoluciones de la ONU que obligan necesariamente a que una de las opciones sea la independencia. "Cualquier plan que no parta de dicha base estará abocado al fracaso y al estancamiento, pues no hará mas que alargar el conflicto al alejarlo de una solución política justa y duradera, incrementando la tensión en la zona y el sufrimiento de unos y otros", prosigue el texto.
La coordinadora quiso también denunciar la ambigüedad del Gobierno español, que afirma a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, respetar el derecho a la autodeterminación de los saharauis pero que "lejos de la neutralidad que tantas veces proclama, se ha inclinado por rearmar al Ejército marroquí ante la posibilidad de un guerra en el Sáhara, así como por fortalecer la impunidad de Marruecos en un territorio en el que, según las resoluciones de la ONU, España no ha dejado de ser formalmente la Potencia Administradora".
"Es una vergüenza que este Gobierno haya estado engañando a la opinión pública respecto a su verdadera política en el conflicto del Sáhara", aseguran desde la coordinadora. España presta así "solapado respaldo a la voluntad marroquí de convertir el problema del Sáhara en un problema de Derecho Interno y al margen de la doctrina de la ONU sobre el territorio de los últimos 40 años".
