20 de septiembre de 2019
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  • 2 de julio de 2014

    Sarkozy podría enfrentarse a entre cinco y diez años de cárcel si es condenado

    El primer ministro francés reconoce que "los hechos son graves" pero remite a la presunción de inocencia

    PARÍS, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

    El expresidente francés Nicolas Sarkozy podría ser condenado a entre cinco y diez años de cárcel de ser declarado culpable de los delitos por los que ha sido imputado esta madrugada en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias tras pasar más de quince horas detenido prestando declaración.

    Los jueces han decidido imputar a Sarkozy por "encubrimiento de violación de secreto profesional", "corrupción activa" y "tráfico de influencias activo" en el marco de una investigación judicial abierta el pasado 26 de febrero sobre la base de las escuchas telefónicas de las que han sido objeto tanto él como su entorno.

    Aunque el expresidente, que se encuentra sopesando en estos momentos si vuelve a la vida política tras abandonarla a su salida del Elíseo en 2012, ha sido imputado por el momento está en libertad y no es objeto de ningún control judicial.

    De ser condenado por "tráfico de influencia", el exmandatario podría ser condenado a hasta cinco años de cárcel, según lo estipulado por el Código Penal para estos casos, y una multa de hasta 500.000 euros. En cuanto al delito de "corrupción activa", está contemplada una pena de hasta diez años de cárcel. A estas penas se sumaría, con toda probabilidad, la prohibición de ejercer cargos públicos o su exclusión de las listas electorales durante un cierto tiempo.

    VALLS: "LOS HECHOS SON GRAVES"

    Así las cosas, el primer ministro francés, Manuel Valls, ha calificado de "graves" los delitos por los que ha sido imputado Sarkozy, al tiempo que ha prometido velar por la independencia de la justicia y la presunción de inocencia, "que vale para todo el mundo".

    "Esta situación es grave, los hechos son graves", ha resaltado Valls en declaraciones a BFM TV y RMC. Se trata de un caso que "concierne a magistrados, altos magistrados, un abogado, un expresidente de la República", ha incidido, asegurando que como primer ministro respeta los "principios" de independencia de la justicia y de presunción de inocencia.

    En cuanto a las denuncias de personas cercanas a Sarkozy de ensañamiento de los jueces hacia el exmandatario, Valls ha subrayado que se trata de "jueces independientes". "No es el poder quien pide a estos jueces hacer investigaciones, ellos actúan y ejercen su función de forma independiente", ha replicado.

    "Si en cada ocasión, con cada asunto, con cada caso, que afecta o no a políticos, hay este tipo de polémica, estamos minando los propios fundamentos del Estado de Derecho", ha lamentado Valls.

    EL CASO

    Además de Sarkozy, también han sido imputados su abogado, Thierry Herzog, y Gilbert Azibert, abogado general del Tribunal de Casación, que estaban bajo arresto provisional desde el lunes. Contra Patrick Sassoust, también abogado general del Tribunal de Casación, finalmente no se han presentado cargos y su arresto provisional fue levantado el martes, según su abogado.

    Los investigadores sospechan que una red de informantes dentro de la justicia y la Policía puso al tanto a Sarkozy de procedimientos judiciales en su contra.

    Las sospechas han aparecido al margen de una investigación sobre las acusaciones de financiación por parte del exdirigente libio Muamar Gadafi de su campaña electoral en 2007, empujando a la justicia a realizar escuchas en dos teléfonos usados por el exmandatario el 3 y el 19 de septiembre de 2013.

    Estas escuchas revelaron que Sarkozy y su abogado estaban al tanto de los procedimientos en curso entonces en el Tribunal de Casación sobre el asunto de las sospechas de abuso de debilidad de la multimillonaria Liliane Bettencourt.

    Los jueces intentan aclarar si Sarkozy ha tratado de facilitar una promoción en Mónaco de Gilbert Azibert a cambio de recibir información por anticipado sobre los avances en este caso.