BRUSELAS, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha dejado claro que está "extremadamente preocupado" por la adopción ayer en el Parlamento ucraniano de proyectos legislativos "que pueden limitar las libertades básicas de los ciudadanos" e "impedir la libertad de reunión y de expresión y recortar las actividades de ONG" y ha avisado de que "si se convierten en ley empujarán a Ucrania de vuelta a su autoritarismo" y "pasado soviético".
"Hago un llamamiento al presidente (ucraniano, Viktor) Yanukovich para que no firme los proyectos de ley y garantice que cualquier cambio legal es compatible con los compromisos internacionales de Ucrania", ha subrayado en un comunicado, en el que ha dejado claro que "la falta de transparencia y la violación de los procedimientos parlamentarios no son la manera de hacer buenas leyes".
Schulz ha lamentado que "estos últimos acontecimientos no sólo faltan al respeto de la voluntad de la gente que está protestando en la plaza Maidan, pero también pueden alejar más a Ucrania de su camino europeo y del mundo civilizado".
El presidente de la Eurocámara ha insistido en que "la puerta para la integración de Ucrania en la Unión Europea sigue abierta" pero ha dejado claro que necesitan "ver un compromiso claro de las autoridades ucranianas de que son serios y sinceros sobre la integración europea de Ucrania".
Miles de personas en Ucrania llevan manifestándose en la calle desde finales de noviembre para protestar por la decisión del Ejecutivo de Kiev de paralizar la firma de un acuerdo de asociación y de libre comercio con la UE por presiones de Rusia.
En este contexto, el Parlamento ucraniano aprobó el jueves una legislación que restringe las protestas en las calles y prohíbe la instalación de tiendas de campaña, escenarios o altavoces en las zonas públicas del país sin autorización previa, estableciendo multas de hasta 640 dólares (470 euros) o 15 días de prisión, en una decisión que ha provocado numerosas críticas por parte de la oposición.
Además, los manifestantes y organizaciones que proporcionen instalaciones o equipamiento para encuentros sin autorizar podrán ser condenados al pago de una multa de 1.275 dólares (937 euros) o enfrentarse a una pena de diez días en prisión.
