MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Los gobiernos de cinco países latinoamericanos y Canadá han reclamado este miércoles al Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigue los presuntos crímenes contra la Humanidad cometidos por el Ejecutivo venezolano en la represión de manifestaciones y opositores.
Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú han pedido que se investiguen los supuestos crímenes en el país desde el 12 de febrero de 2014, cuando se recrudeció la crisis en Venezuela.
En su carta, los citados gobiernos han subrayado que presentan la solicitud "con vistas a determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o a varias personas determinadas".
"El fundamento legal para efectuar la presente remisión a la fiscal jefe del TPI está dado por lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto (de Roma), que faculta a un estado parte (...) a remitir una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la corte y pedir que se investigue esa situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas", han recordado.
La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, anunció en febrero la apertura de un examen preliminar sobre la situación en Venezuela desde abril de 2017 ante el presunto uso excesivo de la fuerza por el Gobierno y la actuación violenta de algunos manifestantes.
En mayo, el grupo de expertos seleccionado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para elaborar un informe sobre los posibles crímenes de alcance global cometidos por el Gobierno de Nicolás Maduro hallaron "fundamento suficiente" para llevar a las autoridades venezolanas ante el tribunal por crímenes de lesa humanidad.
En respuesta, la misión permanente de Venezuela ante la OEA calificó de "grotesca farsa mediática" el informe y sostuvo que "dicho documento carece de valor jurídico pues emana de una autoridad usurpada".
La carta ha sido publicada poco después de que el presidente colombiano, Iván Duque, haya denunciado ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la situación en Venezuela es "la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región, por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades".
Así, ha destacado que "el conflicto en Siria ha generado un flujo de 600.000 migrantes al año tan sólo a Turquía en un periodo de seis años, Colombia, en menos de dos años, les ha abierto las puertas a casi un millón de hermanos venezolanos".
"Los hemos recibido con afecto y siempre lo haremos a pesar de cualquier dificultad social y fiscal porque nos une la fraternidad", ha manifestado el mandatario colombiano.
ALMAGRO DA SU "TOTAL RESPALDO" A LA PETICIÓN AL TPI
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha expresado durante la jornada su "total respaldo" a la decisión de los seis gobiernos americanos de pedir al TPI que investigue la situación en Venezuela.
"Los mandatarios de estos seis países han dado hoy un paso histórico y sin precedentes en la historia de nuestra América, generando un hito fundamental en aras de la justicia, la rendición de cuentas, la no repetición y la reparación a las víctimas de la dictadura venezolana", ha dicho, según un comunicado publicado por el organismo.
"Hechos políticos como el de hoy honran la memoria de los asesinados y restituyen la esperanza de justicia en los torturados, los presos políticos y sus familias, los exiliados forzosamente y todos los venezolanos que sufren, que pasan hambre, que rebuscan comida en la basura, que carecen de medicinas", ha agregado.
Así, ha resaltado que "en este momento es menester agradecer a los gobiernos de los seis países la iniciativa de hacer suyo el informe del panel de juristas constituido por la Secretaría General de la OEA en septiembre de 2017".
"En este momento, más que nunca, nuestro pensamiento está con las víctimas, con sus familiares y allegados", ha dicho Almagro, quien además ha prometido "seguir redoblando esfuerzos, junto a los estados miembrom de la OEA, por un hemisferio de paz, democracia y plena vigencia de los Derechos Humanos".
El director de la ONG Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, ha sostenido que la decisión de los citados gobiernos es "un paso sin precedentes que refleja la creciente alarma entre otros países sobre la catástrofe humanitaria que tiene lugar en Venezuela".
"Con la petición a la fiscal general del TPI, estos gobiernos están dejando claro que la falta total de justicia ante los abusos en Venezuela es inaceptable", ha remachado.
