LOS ANGELES (EEUU), 14 May. (EUROPA PRESS) -
El debate sobre la reforma a la ley de inmigración se reanuda esta semana en el Congreso estadounidense en medio de disputas en torno al número de millones de indocumentados que vive en Estados Unidos o si la inmigración representa un gasto o un beneficio para el Gobierno federal.
Según datos de algunos sectores, los indocumentados cuestan al país 20.000 millones de dólares anuales en educación, sanidad y otros servicios públicos. Para otros, contribuyen anualmente con 7.000 millones de dólares en impuestos a la seguridad social.
Esas serán algunas de las cifras que legisladores y grupos de interés de ambas partes presentarán mañana cuando den comienzo en el Senado las audiencias para la reforma de la ley migratoria.
"Debido a la carga política del asunto, las personas escogerán cuidadosamente los resultados", dijo Joseph Hotz, un economista experto en cuestiones laborales de la universidad de California, en Los Angeles, quien no cree posible un estudio definitivo sobre este tema.
"Cada vez que algo es ilegal, los datos obtenidos son dudosos", indicó por su parte Vernon Briggs, economista de la universidad Cornell, que ha estado estudiando asuntos de inmigración durante 40 años.
Eso no impedirá al Congreso lidiar con este y otros temas. Por su parte, el líder de la mayoría republicana, el legislador Bill Frist, se ha comprometido a aprobar un proyecto de ley de inmigración para finales de mayo. Entre los puntos más controvertidos del proyecto, figuran el incremento de la vigilancia en las zonas fronterizas, un nuevo programa para trabajadores invitados, y cláusulas que eventualmente permitirían otorgar la ciudadanía a muchos de los indocumentados.
A finales del año pasado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto por el que tanto indocumentados como aquellos que les ayudasen durante su estancia en el país, pasarían a ser considerados delincuentes.
