GINEBRA, 23 Feb. (EP/AP) -
El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Jakob Kellenberger, explicó hoy que su organización están sujetos a los principios de neutralidad y confidencialidad, que les impide testificar ante el Tribunal Penal Internacional que investiga los abusos a los Derechos Humanos perpetrados en la región sudanesa de Darfur.
El CICR es la organización humanitaria con mayor presencia en Darfur. Durante los últimos cuatro años ha pedido tanto al Gobierno sudanés como a los movimientos rebeldes de Darfur que pongan fin a lo que Kellenberger ha calificado de "muy flagrantes violaciones de la ley humanitaria internacional".
Sin embargo, Kellenberger explicó que el CICR, que supervisa el cumplimiento de las Convenciones de Ginebra, está limitado por los principios de confidencialidad, por lo que nunca hará públicas las conversaciones que ha mantenido con las autoridades y los rebeldes sudaneses, ni las observaciones de los casi 2.000 miembros sudaneses e internacionales de su equipo en el país.
"Eso no es para el público. Es para las autoridades afectadas", indicó Kellenberger a los periodistas en Ginebra. "El CICR nunca será un testigo en un proceso judicial", agregó.
Este es un asunto importante para el CICR, que es frecuentemente criticado por rechazar hacer públicas sus denuncias de atrocidades, especialmente durante el Holocausto. En 1997, el CICR reconoció un "fallo moral" al mantener el silencio sobre el genocidio nazi de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
Más recientemente, las críticas surgieron debido a su insistencia en comunicar sólo a las autoridades estadounidenses los posibles malos tratos encontrados en la base militar norteamericana de Guantánamo (Cuba).
A su vuelta de un viaje de cinco días a Sudán, Kellenberger, explicó que la Cruz Roja ha hecho innumerables "intervenciones" con grupos rebeldes y responsables sudaneses y en todos los niveles desde que estalló el conflicto hace cuatro años. "Donde hay violaciones, pedimos que no se repitan", dijo.
Después de años de disputas por el agua y las tierras en la región de Darfur, los rebeldes de tribus étnicas africanas tomaron las armas contra el Gobierno central controlado por árabes en febrero de 2003. Jartum ha sido acusado de respaldar a las milicias de los 'janjawid', acusados de numerosas atrocidades en un conflicto que ha causado la muerte a cerca de 200.000 personas y el desplazamiento de 2,5 millones. El conflicto ha desestabilizado a una amplia región, que incluye partes del vecino Chad y de la República Centroafricana.