La guerra, la desregulación en la tala y la explotación laboral de las compañías madereras impide el desarrollo de este 'flotador' económico
MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La madera de teca no aporta ni siquiera una décima parte de los 50 millones de dólares al año que podría proporcionar a la economía sursudanesa debido al caos generado por la última guerra que ha asolado al país desde 2013, que ha facilitado la explotación extranjera y la marginación de las comunidades locales, en particular en la región de Katire, que están perdiendo el acceso a un producto donde cada metro cúbico se paga a más de 1.000 euros en mercados internacionales.
El Gobierno que lidera Salva Kiir, más ocupado en derrotar a las fuerzas rebeldes del ex vicepresidente, Riek Machar, ha terminado dejando en manos de las compañías madereras, tanto locales como internacionales, la industria forestal del país, ocasional escenario de prácticas de explotación laboral.
Sin embargo, la guerra solo ha exacerbado las consecuencias históricas de una política colonialista primero y después consolidada en el Acuerdo Integral de Paz firmado en 2005 que culminó en la independencia del joven país africano respecto de Sudán, tras un paréntesis casi tres décadas en las que sí permaneció gestionada por el Gobierno.
Y es importante porque la madera podría ser una industria que reduciría en gran parte la dependencia del petróleo. En 2013, el entonces ministro de Desarrollo del país, Simon Ndigi, recordaba en comentarios recogidos por el diario 'The National' que la teca "es un producto raro cuya demanda mundial es excepcionalmente alta", y su correcta explotación podría suponer una alternativa económica al crudo, uno de los factores fundamentales de los conflictos armados que todavía lastran al país como una de las economías más subdesarrolladas del continente.
TECA ANTIGUA
Los bosques de teca de Sudán del Sur son los más antiguos de África. Fueron plantados por los británicos durante la era colonial que terminó en 1956. En regiones como Equatoria Central hay hasta 50.000 hectáreas de bosques concedidas a la Central Equatoria Teak Company (CETC) bajo un acuerdo muy polémico por el que la compañía solo se limitaba a aportar un pago de 200.000 dólares anuales de ayuda a las comunidades más 155 dólares por metro cúbico exportado.
El Gobierno ha criticado estas aportaciones, que considera nimias en relación al alto precio que se paga por la teca. Sin embargo, la solución no está en sus manos, porque los accionistas mayoritarios en la CETC fueron en su momento los respectivos fondos de desarrollo internacional de Reino Unido y Finlandia, quienes a su vez acabaron vendiendo sus intereses a inversores en su momento "desconocidos", aunque ahora se sabe que entre las firmas se encuentra Maris Capital, un 'holding' panafricano de inversión, con sede en Islas Mauricio.
A esta situación indefinida se añade que las compañías madereras están incumpliendo sus compromisos para incorporar al trabajo a las comunidades locales. Se ve, por ejemplo, en regiones como Katire.
En 2016, una compañía ugandesa fue expulsada de allí por una retahíla de rupturas contractuales. Nunca construyó las carreteras que prometió, a pesar de que se tarda cuatro horas en coche desde Katire a Juba cuando la distancia que les separa es de solo 120 kilómetros, y cualquier riada deja a poblaciones enteras incomunicadas durante semanas; ni los centros sanitarios acordados, a pesar de que ahora mismo solo hay uno para una región con cientos de miles de habitantes.
Asimismo, las comunidades locales acusaron a la compañía de explotar a sus empleados y pagarles por debajo del salario mínimo, generando un resentimiento que llevó a algunos residentes a prender fuego a las instalaciones de la compañía para exigir al Gobierno la rescisión del contrato. La compañía, en un comunicado, defiende ante la Fundación Thomson Reuters que su labor se vio en gran parte afectada por el conflicto armado en el país.
TALA INDISCRIMINADA
"Lo que está ocurriendo ahora mismo no es cosa del Gobierno", explica el director general de Servicios Forestales del Ministerio de Medio Ambiente sursudanés, Timothy Thuol Onak, que denuncia que muchas compañías están talando los bosques con tal frenesí que "los árboles no pueden crecer de nuevo", lo que está poniendo en peligro la existencia de un recurso que además es renovable.
"Los beneficios locales incluidos en los acuerdos de concesión se han quedado en papel mojado", lamenta el responsable ministerial, antes de denunciar también que las compañías no están pagando impuestos ni aranceles de exportación, dinero que se ahorran sobornando a autoridades corruptas al más alto nivel estatal.
Autoridades como el mismo gobernador del estado del Río Yei, uno de los epicentros de producción de teca del país, Frank Matata, suspendido de sus funciones en noviembre del año pasado tras aparecer en una grabación secreta donde se le veía aceptar 30.000 dólares de manos de agentes de seguridad ugandeses, en imágenes divulgadas en el documental 'El hacha olvida, el árbol recuerda', dirigido por el periodista keniano John Allan Namu.
Hartos de esperar, los residentes necesitan inmediatamente dinero y su solución es la de quemar estos árboles para obtener carbón. "Cuando alguien necesita algo, no hay quien les detenga", explicó en 2012 el entonces director forestal de Equatoria Central, Guideon Samuel, al 'Catholic Online'. "Y la capacidad de nuestros guardias forestales para impedirlo está limitada por que no tenemos gente suficiente", añadió.
Residentes locales corroboraron al medio esta práctica. "Tengo seis hijos. Quiero sobrevivir y alimentar aquí a mis hijos. Mis empleados talan cien árboles a la semana que se convierten en al menos 50 sacos de carbón. No hay una energía alternativa aquí. ¿Qué se supone que debo hacer?", lamentó un granjero bajo el anonimato.
