NUEVA YORK, 29 Jun. (EUROPA PRESS/Carlos López) -
El Tribunal Supremo estadounidense dictaminó hoy que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, excedió sus competencias al establecer tribunales militares especiales encargados de juzgar a los sospechosos de la "guerra contra el terrorismo", lo que podría tener consecuencias sobre los más de 450 presos retenidos en la prisión de Guantánamo.
El Tribunal Supremo destacó que los juicios emanados de la orden Ejecutiva son ilegales tanto en lo que se refiere a la ley estadounidense como a la Convención de Ginebra, lo que supone un fuerte revés para la política desarrollada por la Administración Bush desde que emprendiera su 'guerra contra el terrorismo' tras los atentados del 11 de septiembre.
El dictamen salió adelante con el voto de cinco de los jueces, mientras que se opusieron al mismo tres. El moderado Anthony M. Kennedy participó de la opinión de los jueces más progresistas, mientras que el presidente de la Corte, el juez nombrado por Bush John Roberts, se mantuvo al margen al haber respaldado al Gobierno en este caso anteriormente.
Según Kennedy, los juicios militares "suponen una gran inquietud en lo que se refiere a la separación de poderes" ya que "la concentración de poder (en el poder Ejecutivo) pone las libertades personales en peligro por decisiones públicas arbitrarias, una intromisión que el sistema de división de poderes de la Constitución impide".
Los miembros más conservadores del Tribunal, el juez Antonin Scalia y Samuel Alito, el último miembro de la Corte designado por Bush, votaron en contra de la sentencia junto a Clarence Thomas, quien lamentó el "grave obstáculo" que supone la sentencia a la capacidad del Ejecutivo en la lucha contra el terrorismo.
REVES PARA LA POLÍTICA DE BUSH
Por su parte, el presidente George W. Bush aseguró hoy durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, que la Casa Blanca tomaría en cuenta "seriamente" la sentencia emitida hoy por el Tribunal Supremo y prometió "trabajar con el Congreso" para lograr una solución.
"Existe margen suficiente para trabajar de forma conjunta con el Congreso y decidir si los tribunales militares serán la vía para que un día estas personas puedan presentarse ante la justicia", afirmó el presidente norteamericano, quien no quiso referirse a la posibilidad de cerrar la prisión de Guantánamo tras las criticas internacionales.
La sentencia obstaculiza de alguna forma la política agresiva en materia de lucha contra el terrorismo que la Administración norteamericana realizaba hasta el momento. Las críticas a Guantánamo y ahora la sentencia del Supremo suponen en este sentido un revés pese a que Bush insistió en que encontrará la manera "de proteger a los ciudadanos y al mismo tiempo cumplir con las sentencias del Supremo".
"El pueblo estadounidense necesita saber que la sentencia, tal y como yo la entiendo, no permitirá poner a los asesinos en la calle", señaló Bush. No obstante, el presidente no realizó más comentarios tras afirmar que no había sido informado adecuadamente por su gabinete y necesitaba más tiempo para estudiar la sentencia.
HAMDAN V. RUMSFELD
La sentencia de hoy se refiere al caso del ciudadano yemení de 36 años Salim Ahmed Hamdan, guardaespaldas y chófer del líder de la red terrorista Al Qaeda, Usama bin Laden, que ha sido mantenido en la prisión militar estadounidense de Guantánamo (Cuba) durante cuatro años y que ha sido acusado de conspiración.
Los abogados en el caso Hamdan vs. Rumsfeld mantuvieron la inocencia de Hamdan, asegurando que trabajó como conductor para Bin Laden pero sin tener implicaciones terroristas y que la comisión militar establecida por el Departamento de Defensa a instancias de la Casa Blanca es improcedente, ya que viola las salvaguardas básicas de la justicia militar.
REACCIONES
Abogados y activistas de Derechos Humanos saludaron muy positivamente la decisión del Tribunal Supremo. "Verdaderamente obtendremos algo bueno de esto y podría llevarnos al cierre de la prisión en un futuro", indicó Tom Fleener, representante del preso yemení Ali Hamza Ahmad Sulayman al Bahlul, citado por AP.
Mientras, Michael Mori, el letrado de David Hicks (uno de los australianos detenidos en Guantánamo), se mostró "lógicamente muy agradecido de que el Tribunal Supremo haya decidido luchar contra estas comisiones que no suministran la protección fundamental necesaria en un juicio".
No obstante, el comandante de la prisión de Guantánamo indicó que el impacto sobre las operaciones del centro de detención será "insignificante", al menos en un futuro inmediato, ya que muchos de los presos no pueden ser puestos en libertad por muchas razones. "Si la decisión es contra el Gobierno, no veo cómo puede afectarnos", indicó el administrador de la base, Harry Harris, en una entrevista mantenida el pasado fin de semana.
Aunque el futuro de la prisión es incierto, el director de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Estados Unidos, Jumana Musa, valoró que esta decisión "detendrá las muertes de personas acusadas de crímenes de guerra que no son crímenes de guerra".
Finalmente, el secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis, calificó la decisión del Supremo estadounidense de "victoria en la campaña contra el error, la ineptitud y la hipocresía" y pidió de nuevo el cierre de Guantánamo.
"La Administración estadounidense debe aprovechar esta ocasión para revisar su política, cerrar Guantánamo y abandonar la práctica de las restituciones extraordinarias, los malos tratos a los detenidos, la externalización de la tortura, así como otras medidas contrarias a las normas internacionales en materia de Derechos Humanos", señaló.
"Esto volverá el mundo más seguro, porque una lucha verdaderamente eficaz contra el terrorismo debe basarse en frenar la proliferación de terroristas en lugar de favorecer el reclutamiento", apostilló.
