LONDRES, 30 Ene. (Reuters/EP) -
El debate sobre la nueva ley de inmigración que intenta sacar adelante el Gobierno de Reino Unido ha vuelto a dejar de manifiesto las diferencias que existen en el seno del Partido Conservador, ya que 88 diputados 'tories' han votado a favor de una enmienda que el propio Ejecutivo considera incongruente con la Convención Europea de Derechos Humanos.
Los legisladores rebeldes han apoyado una enmienda al proyecto de ley sobre inmigración en la Cámara de los Comunes para tratar de reducir la capacidad de los jueces de bloquear las deportaciones de criminales extranjeros. El texto ha contado con el respaldo de 88 de los 303 diputados del Partido Conservador.
Cameron ordenó a sus ministros que se abstuvieran de la votación para no evidenciar las discrepancias internas y finalmente el veto a la polémica propuesta ha dependido del Partido Liberal Demócrata --socio de la coalición de Gobierno-- y del Laborista. La ministra del Interior, Theresa May, llegó a advertir de que la enmienda suponía una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Una portavoz laborista, Yvette Cooper, ha preguntado "qué tipo de Gobierno es" el que está "asustado" de los disputados de su propia formación. El Partido de la Independencia de Reino Unido (UKIP), euroescéptico, ha asegurado que Cameron ya no es capaz de controlar a sus compañeros de filas y ha perdido frente al "complot".
El 'premier' británico intentó calmar el euroescepticismo que ha cundido entre los 'tories' prometiendo que, si logra la reelección en 2015, negociará la relación entre Reino Unido y la Unión Europea e incluso ofrecerá a los ciudadanos la posibilidad de votar en un referéndum la pertenencia al bloque.
Sin embargo, las tensiones internas siguen patentes y, en un año con elecciones europeas, el Partido Conservador teme perder votos en favor del UKIP, al que algunos sondeos sitúan incluso por delante de los 'tories' en intención de voto de cara a mayo.
