MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha anunciado este martes la apertura de un examen preliminar para examinar si la supuesta deportación forzosa de rohingyas por parte de Birmania constituye un crimen de guerra o contra la Humanidad.
"Desde finales de 2017, mi oficina ha recibido varias comunicaciones e informes sobre crímenes presuntamente cometidos contra la población rohingya en Birmania y su deportación a Bangladesh", ha indicado en un comunicado.
En el mismo, ha destacado que "la revisión de estas comunicaciones, que constituye la primera fase de las actividades de examen preliminar de la oficina, aclaró un asunto legal preliminar sobre la jurisdicción del TPI (...) que consideré apropiado llevar ante la atención de los jueves".
"Habiendo recibido confirmación de los jueces (...) de que el tribunal puede ejercer jurisdicción sobre la supuesta deportación de rohingyas de Birmania a Bangladesh, así como otros potenciales crímenes (...), he decidido proceder a la siguiente fase del proceso preliminar de examen y llevar a cabo un examen preliminar completo de la situación", ha resaltado Bensouda.
Así, ha destacado que "si bien Birmania no es Estado miembro del TPI, Bangladesh sí lo es", por lo que ha manifestado que el tribunal "podría ejercer su jurisdicción sobre la conducta hasta el punto en que ocurrió parcialmente en el territorio de Bangladesh".
"En este contexto, el examen preliminar podría tener en cuenta varias supuestas acciones coercitivas que resultaron en el desplazamiento forzoso de población rohingya, incluida la privación de derechos fundamentales, asesinatos, violencia sexual, desapariciones forzosas, destrucción y saqueos".
Bensouda ha afirmado además que su oficina "considerará si hay otros crímenes bajo el artículo 7 del Estatuto de Roma que puedan ser aplicables a la situación en cuestión, como los de persecución y otros actos inhumanos".
La fiscal jefe del tribunal ha recordado que "un examen preliminar no es una investigación, sino un proceso de examen de la información disponible para alcanzar una determinación totalmente informada sobre si hay una base razonable para proceder con una investigación, según los criterios establecidos por el Estatuto de Roma".
El Gobierno de Birmania rechazó "rotundamente" el 7 de septiembre la decisión en la que el TPI dijo tener jurisdicción para investigar las supuestas deportaciones de musulmanes rohingya a Bangladesh, consideradas un posible crimen contra la Humanidad.
La oficina del presidente birmano, Win Myint, dijo que la decisión del TPI, que se pronunció tras la iniciativa de la Fiscalía de abrir una investigación preliminar, es "el resultado de un procedimiento incorrecto" y "de dudoso mérito legal".
Una misión de investigación de la ONU concluyó en agosto que las Fuerzas Armadas birmanas habían actuado con una "intención genocida" en el estado de Rajine, del que han huido más de 700.000 personas en el último año para escapar de la represión y la violencia. Los investigadores abogaron por imputar al jefe de las Fuerzas Armadas y a cinco altos cargos más.
Las autoridades birmanas, por su parte, han negado que hayan cometido atrocidades contra la minoría rohingya y han considerado que sus operaciones armadas estaban justificadas para contener la violencia miliciana.
