MANAMA, 14 Jun. (Reuters/EP) -
Un tribunal de segunda instancia de Bahréin ha reducido las penas de cárcel dictadas contra nueve médicos y ha absuelto a otros nueve por su participación en las movilizaciones del pasado año en favor de la democracia, mientras grupos de Derechos Humanos han afirmado que el caso está motivado políticamente y debió haber sido desechado porque los detenidos fueron torturados.
Un tribunal militar condenó en septiembre a 20 médicos, todos chiíes, a penas de entre cinco y 15 años por los cargos de ocupación de un hospital, incitación a derrocar a la monarquía y posesión de armas, en un juicio que generó fuertes críticas internacionales.
En la revisión de las condenas, el juzgado ha condenado este jueves a cinco años a Ali al Ekry, un antiguo cirujano ortopédico del hospital Salmaniya de la capital, Manama, y a tres años a Ibrahim al Dimistani. Otros siete han recibido sentencias de entre un mes y un año.
El Gobierno ha indicado en una declaración que cinco de los nueve hombres condenados serán puestos en libertad porque ya cumplieron la sentencia durante su detención. Además, ha asegurado que los médicos han sido hallados culpables de los cargos relacionados con actividades políticas y no por haber brindado tratamiento a los manifestantes heridos.
Mientras, funcionarios del tribunal han indicado que el juzgado rechazó las acusaciones de ocupación del hospital de Salmaniya y tenencia de armas, pero han considerado a Ekry y a Dimistani culpables de incitar al odio y de pedir el derrocamiento de los gobernantes, así como de hacer declaraciones a los medios de comunicación desde el interior del hospital. Los otros médicos fueron declarados culpables de incitación al odio y de efectuar declaraciones.
CASTIGO POLÍTICO
Alí al Ekry ha dicho que el veredicto no tiene fundamento. "Es un castigo político para mantener contentos a sus partidarios condenándonos a algunos de nosotros", ha señalado a Reuters.
Mientras, Tewfik Dhaif, de 53 años, tío de dos de los condenados, ha calificado de injusto el fallo. "Son inocentes. Deben procesar a las autoridades, no a estos médicos", ha agregado. "Son la élite médica en este país. Tenemos a 15 médicos en mi familia y la mayoría de las personas que han tratado pertenecían a los Al Jalifa", ha dicho refiriéndose a la familia gobernante en Bahréin.
La familia suní Al Jalifa frenó un movimiento de protesta que estalló el año pasado, liderado por miembros de la mayoría chií, tras las revueltas en Egipto y en Túnez. El Gobierno arrestó a miles de personas e instituyó juicios militares durante un período de ley marcial.
Los veredictos de 15 años decididos en el proceso militar siguen en pie en contra de dos acusados, ya que se cree que han abandonado el país y por lo tanto no participaron en el nuevo juicio.
Los médicos, que fueron puestos en libertad en 2011 tras un escándalo por denuncias de tortura durante la detención, no han estado presentes durante la breve sesión del tribunal.
TRATAMIENTO A MANIFESTANTES
Algunos críticos sostienen que las acusaciones contra los médicos eran represalias por el tratamiento que ofrecieron a los manifestantes heridos, que acamparon en una plaza central de Manama durante un mes, después de varios intentos por parte de las fuerzas de seguridad para dispersarlos en febrero y marzo. Los médicos negaron los cargos.
Un total de 35 personas murieron durante el levantamiento, principalmente manifestantes, y cientos resultaron heridos. Algunos fueron atendidos en el hospital de Salmaniya.
Grupos internacionales de Derechos Humanos han criticado el veredicto de este jueves. "La verdad es que a partir de hoy los médicos han de ser encarcelados por tratar a los heridos e informar al mundo sobre la represión del régimen", ha alertado Brian Dooley, de Human Rights First, cuya sede está en Estados Unidos.
Mientras, Médicos por los Derechos Humanos han indicado que todos los acusados debieron haber sido absueltos por la tortura que sufrieron el año pasado.
La fuerza generalizada y excesiva, incluidas las confesiones bajo tortura, fue detallada en una comisión encabezada por Cherif Bassiouni, un respetado abogado de Derechos Humanos de la ONU.
