LONDRES, 28 Nov. (Reuters/EP) -
Un tribunal británico ha decidido rechazar la solicitud de extradición a Turquía del empresario Akin Ipek, reclamado por cargos de financiación del terrorismo y fraude, ante el riesgo de que sea maltratado por las autoridades turcas.
Ipek, de 54 años, amasó una fortuna multimillonaria en Turquía en el sector de la minería de oro hasta que abandonó el país en 2015 después de que se deterioraran las relaciones entre el Gobierno y los seguidores del movimiento liderado por el clérigo islamista Fethulá Gulen.
El Gobierno turco acusa a Gulen, un antiguo aliado del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de haber orquestado el fallido golpe de julio de 2016 y, desde entonces, ha lanzado una campaña contra los seguidores del clérigo turco asentado en Estados Unidos. Gulen ha negado cualquier vinculación con la asonada militar.
El empresario Ipek y otros dos hombres, Ali Celik y Talip Buyuk, a los que las autoridades turcas sitúan como altos cargos de la organización de Gulen, fueron arrestados en Reino Unido hace meses en respuesta a las solicitudes de extradición cursadas por Turquía.
Los tres hombres han sido acusados de cargos como financiación del terrorismo, fraude y conspiración para blanquear fondos de origen delictivo. John Zani, juez de distrito en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, ha explicado que tiene "serias reservas" sobre "la situación actual del Estado de derecho en Turquía" y sobre si realmente recibirán un juicio justo en su país.
Por ello, el juez ha rechazado las solicitudes de extradición con el argumento de que los hombres podrían sufrir maltrato si regresan a Turquía. "Me han convencido de que hay pruebas sustanciales de que esta solicitud de extradición tiene motivos políticos", ha dicho Zani.
"Estoy totalmente convencido de que, por razón de sus visiones políticas reales o supuestas, junto con la afirmación de las autoridades turcas de que son parte de la jerarquía del movimiento gulenista, cada acusado en este tribunal corre un riesgo real de que se incumpla el artículo 3" de la Ley de Derechos Humanos.
Tras el fallo del tribunal, las autoridades turcas pueden recurrir la decisión ante el Tribunal Superior de Londres. En 2015, Turquía intervino el grupo empresarial Koza-Ipek y sus medios de comunicación, incluidas varias cadenas de televisión y diarios, bajo la acusación de irregularidades financieras, lo que provocó críticas de grupos defensores de los Derechos Humanos en Turquía y en el extranjero.
Las autoridades de Turquía han tomado el control de cientos de empresas en el marco de la campaña contra las firmas supuestamente vinculadas con Gulen y su organización. El Gobierno ha cerrado, además, más de 130 medios de comunicación.
