MANAMA, 23 Abr. (Reuters/EP) -
Un tribunal de Bahréin ha condenado este martes a doce personas a cadena perpetua por cargos de espionaje, fabricación de armas y explosivos y por recibir entrenamiento por parte de la Guardia Revolucionaria, según una de las abogadas de la defensa.
Fátima al Adraj ha detallado que la sentencia fue emitida el domingo y que, en base a la misma, otras dos personas fueron condenadas a 15 años de cárcel. Asimismo, ha dicho que varios de los acusados fueron condenados 'in absentia'.
Por otra parte, la fiscalía ha presentado cargos contra otras ocho personas por presunta pertenencia a un grupo terrorista, en relación con el asesinato de un policía en un atentado ejecutado el 3 de marzo en una localidad de mayoría chií.
Este mismo martes, Irán ha negado cualquier tipo de relación con los incidentes violentos en el país y ha acusado a Bahréin de intentar buscar un chivo expiatorio para sus abusos de los Derechos Humanos.
"En lugar de presentar cargos infundados, las autoridades bahreiníes deberían considerar seriamente las demandas de su población", ha indicado un alto cargo iraní citado por la agencia de noticias IRNA.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas pro democráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
