WASHINGTON, 15 Jun. (Reuters/EP) -
El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia ha rechazado la viabilidad de una demanda económica presentada por un contratista estadounidense que denuncia que fue torturado por militares estadounidenses contra el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.
En línea con otras sentencias, los tres jueces del tribunal han desestimado la demanda alegando que el Congreso no ha autorizado a los detenidos a demandar a las autoridades políticas y militares estadounidenses por su tratamiento bajo custodia.
De hecho, la sentencia supone la anulación de la decisión de un tribunal de distrito que permitió el recurso y rechazó el recurso de Rumsfeld en sentido contrario.
El contratista, identificado en la documentación judicial como John Doe, Juan Nadie, era un trabajador de una empresa contratada por el Pentágono y que fue a Irak en diciembre de 2004 como traductor. Fue destinado a una unidad de los Marines que operaba en la frontera sirio-iraquí.
En 2005 fue llevado a Camp Cropper, una base militar situada junto al aeropuerto de Bagdad, donde fue retenido durante nueve meses. El denunciante asegura que los guardias le sometieron a abusos y torturas como la exposición a temperaturas extremas, privación de sueño y ahogamientos.
Finalmente fue puesto en libertad sin que se le imputara cargo alguno. El Gobierno estadounidense ha informado de que era sospechoso de filtrar información clasificada a organizaciones enemigas y de ayudar a las fuerzas contrarias a la coalición a infiltrarse en Irak.
La demanda fue interpuesta en 2008 con la intención de que Rumsfeld fuera declarado responsable subsidiario de su encarcelamiento y maltratos sufridos con el argumento de que fue él quien desarrolló, autorizó y aplicó las políticas de guerra que le afectaron.
Sin embargo, ahora el Tribunal de Apelaciones señala que hay "factores especiales" que aconsejan no abrir una nueva categoría de casos en los que los cargos públicos puedan ser demandados personalmente y se ampara en un dictamen del Tribunal Supremo de hace más de 40 años que impide demandar a cargos militares o relacionados con la seguridad nacional o los servicios secretos.
"El litigio del caso de Doe requeriría el testimonio de altos cargos militares y de fuerzas sobre el terreno, lo que desviaría el foco de atención, recursos y personal de la misión en Irak", argumenta el juez jefe David Sentelle en la sentencia de 13 páginas.
"Permitir tal acción supondría un obstáculo para la actuación decidida de nuestras tropas en defensa de nuestros intereses como nación por miedo a una revisión judicial de cada detención e interrogatorio", continúa.
