El TUE dictamina que las declaraciones del Gobierno francés en apoyo de France Télécom no son ayudas públicas

Actualizado: viernes, 21 mayo 2010 10:06


BRUSELAS, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) dictaminó que las declaraciones del Gobierno francés en 2002 dirigidas a garantizar a France Télécom su apoyo en un momento en que el operador atravesaba una grave crisis no pueden calificarse de ayudas de Estado. La sentencia resalta que, aunque otorgasen una ventaja financiera a la compañía, no comprometieron recursos estatales.

El entonces ministro de Economía francés, Francis Mer, declaró en una entrevista publicada en julio de 2002 que "el Estado accionista se comportará como un inversor prudente y si FT tuviera dificultades tomaríamos las disposiciones adecuadas". "Insisto en que si FT tuviese problemas de financiación, lo que hoy por hoy no es el caso, el Estado tomaría las decisiones necesarias para solucionarlos", dijo. Las autoridades francesas hicieron declaraciones similares las semanas siguientes.

En aquel momento, el endeudamiento neto de FT alcanzaba los 69.690 millones de euros, de los cuales 48.900 millones de euros correspondían a deuda obligacionista cuyo vencimiento se produciría en el transcurso de los años 2003 a 2005.

El 4 de diciembre de 2002, el Estado francés anunció un anticipo de accionista previsto a favor de France Télécom. El proyecto consistía en la apertura de una línea de crédito de 9.000 millones de euros en forma de contrato de anticipo. La oferta de contrato no fue aceptada por FT ni llegó a ejecutarse.

La Comisión Europea dictaminó en agosto de 2004 que el anticipo de accionista concedido por Francia a FT en diciembre de 2002, en forma de una línea de crédito de 9.000 millones de euros, situado en el contexto de las declaraciones formuladas desde julio de 2002, constituía una ayuda de Estado incompatible con el derecho de la Unión. La decisión fue recurrida ante el TUE por el Gobierno francés y France Télécom.

En su sentencia de este viernes, el Tribunal anula esta decisión del Ejecutivo comunitario. En primer lugar, admite que las declaraciones de las autoridades francesas desde julio de 2002 concedieron una ventaja financiera a FT. En efecto, influyeron de manera decisiva en la reacción de las agencias de calificación y dicha reacción fue seguidamente determinante para la revalorización de la imagen del operador ante los inversores y acreedores, así como para el comportamiento de los actores de los mercados financieros que posteriormente participaron en la refinanciación de France Télécom.

Sin embargo, el Tribunal destaca que esta ventaja financiera no implicaba una transferencia de recursos estatales. Debido a su carácter abierto, impreciso y condicional, especialmente en lo que atañe a la naturaleza, el alcance y las condiciones de una eventual intervención estatal a favor de FT, las declaraciones efectuadas desde julio de 2002 no pueden asimilarse a una garantía estatal o interpretarse en el sentido de que revelaban un compromiso irrevocable de proporcionar un apoyo financiero concreto en beneficio de la compañía.

Un compromiso concreto, incondicional e irrevocable de recursos públicos por parte del Estado francés habría supuesto que tales declaraciones precisaran, de manera explícita, o bien los importes exactos que se invertirían, o bien las deudas concretas que se pretendía garantizar, o, al menos, un marco financiero predefinido, tal como una línea de crédito por un determinado importe, así como las condiciones para la concesión de la ayuda proyectada. Ahora bien, las declaraciones efectuadas desde julio de 2002 no se pronuncian sobre estos aspectos.

Además, el Tribunal señala que no fue hasta el 4 de diciembre de 2002, con el anuncio del proyecto de anticipo de accionista, cuando el Estado francés expuso por primera vez de manera explícita y precisa ante el público la contribución financiera que proyectaba en beneficio de FT.

Al igual que ocurrió con las declaraciones efectuadas desde julio de 2002, este anuncio implicaba la concesión de una ventaja a favor de FT por cuanto contribuyó a reforzar la confianza de los mercados financieros y a mejorar las condiciones de refinanciación del operador. No obstante, la Comisión no demostró que el anuncio implicara, por sí solo, una transferencia de recursos del Estado.