BRUSELAS, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Unión Europea está dispuesta a adoptar nuevas sanciones contra Honduras si no se restablece el orden constitucional en el país centroamericano, según aprobaron este martes sin debate previo los 27 ministros de Asuntos Exteriores de la UE, en la segunda jornada del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE).
"Hasta que se encuentre una solución pacífica, la UE estará dispuesta a tomar nuevas medidas restrictivas, incluídas hacia los miembros del Gobierno de facto que se demuestre que impiden avanzar hacia una solución negociada basada en el acuerdo de San José", subraya el texto acordado por los ministros.
La UE expresa también su "profunda preocupación" por la crisis política en Honduras y la "actual violación" del orden constitucional, al tiempo que reitera su apoyo a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la mediación de su presidente, Oscar Arias.
También pide a todos los actores implicados, en particular al Gobierno 'de facto' trabajar en el Acuerdo de San José para encontrar "con rapidez" una solución "negociada y pacífica", sobre todo de cara a las elecciones del próximo noviembre.
Asimismo, reclama a todas las partes implicadas y a las instituciones hondureñas abstenerse de cualquier tipo de violencia o actividad que pueda incitar a la misma.
En este sentido, muestra su preocupación por las denuncias de violaciones de los derechos en el país, entre ellas las amenazas a los defensores de los derechos humanos, las detenciones arbitrarias y la represión de manifestantes pacíficos.
"TOLERANCIA CERO"
Los Estados miembros continuarán restringiendo los contactos políticos con el Gobierno 'de facto', los pagos con cargo al presupuesto comunitario seguirán congelados y la cooperación al desarrollo suspendida, de forma que se mantendrá sólo el apoyo a la sociedad civil y la asistencia humanitaria.
El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, valoró como un "éxito" de la diplomacia española la adopción de este texto "muy importante", porque demuestra una "posición común" europea de "tolerancia cero" al golpe de Estado y a las autoridades que "han colaborado o están obstaculizando la vuelta a la normalidad y la aplicación de los acuerdos de San José".
