BRUSELAS, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea obligó hoy a 10 Estados miembros, entre los que no está España, a recortar un 7% de media los permisos de emisiones que habían concedido a sus industrias para el periodo 2008-2012 al considerar que fueron demasiado generosos y ponían en riesgo el cumplimiento de los objetivos de Kioto contra el cambio climático.
El Ejecutivo comunitario pasó revista a los planes nacionales de asignación de emisiones (PNA) de Alemania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Reino Unido, Eslovaquia y Suecia. Estos países representan el 42% de las cuotas totales. Francia retiró en el último momento su plan para revisarlo.
Sólo en el caso de Reino Unido Bruselas aceptó el tope máximo de emisiones para las industrias en el periodo 2008-2012, fijado en 246,2 millones de toneladas de CO2, aunque le exigió que incluya también las cuotas concedidas a las instalaciones industriales de Gibraltar. Para Alemania, el país de la UE que más contamina, Bruselas ordena un recorte del 6%, de 482 millones a 453,1 millones.
"Las decisiones adoptadas constituyen una señal fuerte del firme compromiso de Europa de cumplir los objetivos de Kioto y lograr que el sistema de comercio de emisiones sea un éxito", dijo el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas. La Comisión tiene que revisar todavía los PNA de otros 17 países, incluyendo Rumanía y Bulgaria. En el caso de España mantiene abierto un procedimiento de infracción por el retraso a la hora de enviar el plan a Bruselas.
Los PNA establecen el tope máximo de emisiones de CO2 por parte de la industria y el reparto entre las diferentes empresas. Las compañías que contaminan más de lo que tienen autorizado tienen que comprar permisos a las industrias que se han quedado por debajo de su tope, lo que permite reducir la contaminación con el menor coste posible.
Sin embargo, durante el primer año de funcionamiento del comercio de emisiones, 2005, se constató que los Estados miembros habían concedido a sus industrias un número de permisos más alto que las emisiones reales, con lo que los precios del carbono se hundieron. El Ejecutivo comunitario quiere evitar repetir el error.
Por otro lado, el comisario de Medio Ambiente confirmó su intención de incluir al sector de la aviación civil en el sistema de comercio de emisiones y admitió que aunque "tiene muchas implicaciones jurídicas" es "compatible" con las reglas de la IATA. Dimas espera poder tratar esta cuestión "de manera coordinada".
