BRUSELAS, 3 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea propuso hoy crear un registro voluntario de 'lobbies' y grupos de presión y obligar a los Estados miembros a que informen sobre los beneficiarios de los fondos comunitarios. Estas medidas, según Bruselas, aumentarían la transparencia y la legitimidad del proceso de toma de decisiones en las instituciones europeas.
El vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de Lucha contra el Fraude, Siim Kallas, destacó que la actividad de los 'lobbies' es "perfectamente legítima". "Pero a medida que el fenómeno crece, debemos asegurar que está claro a quién representan, cuál es su misión y cómo se financian", apuntó.
Bruselas propone un sistema de registro voluntario en Internet, gestionado por la Comisión, con incentivos para que los grupos de presión se inscriban, como por ejemplo la posibilidad de ser consultados sobre las iniciativas de la UE.
Se les sometería a un "código de conducta" que tendría que ser desarrollado por los propios representantes de los grupos de presión. Finalmente, se crearía un sistema de supervisión y sanciones en caso de registro incorrecto o infracción del código, con un órgano de control externo y multilateral.
Por otro lado, la Comisión asegura que quiere dar más información sobre el destino del dinero de la UE, para explicar mejor qué hace Europa y para qué. No obstante, apunta que una gran parte del presupuesto comunitario (el 75,7%) se gasta en asociación con los Estados miembros, que deciden si la hacen pública o no.
En el caso de la política agrícola común, por ejemplo, la información sobre los beneficiarios está disponible en España, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, Suecia y Reino Unido, y varía desde el acceso total y directo al acceso parcial previa petición.
Los ciudadanos a menudo se dirigen a la Comisión para obtener datos sobre el uso del presupuesto de la UE si no están disponibles a nivel regional o nacional. Sin embargo, el marco jurídico existen impide explícitamente a la Comisión publicar información sobre los beneficiarios.
Por ello, Bruselas considera necesario introducir una obligación, a nivel comunitario, para que los Estados miembros hagan pública la información sobre los beneficiarios de los fondos de la UE bajo gestión compartida.
Estas propuestas se presentan bajo la forma de un Libro Verde para permitir que todos los afectados puedan hacer llegar sus opiniones de aquí hasta finales de agosto.
