Propone a los países que verifiquen que sus leyes no impiden la libre circulación de trabajadores en la UE
BRUSELAS, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, advirtió hoy que estará "pendiente" para iniciar procedimientos de infracción contra aquellos países de la UE cuyas leyes impongan requisitos a los trabajadores europeos desplazados que impidan su libertad de circulación y de libre establecimiento, tal y como consagra el Tratado de la UE.
Spidla presentó hoy una serie de propuestas de la Comisión para que los países de la UE garanticen un apropiado control del desplazamiento de trabajadores, en "equilibrio" con la libertad de prestación de servicios en otro Estado miembro y también a su derecho a recibir una protección adecuada en el país en el que estén desplazados.
Una de ellas es "garantizar la conformidad plena con el Derecho comunitario y, en caso necesario, incoar los correspondientes procedimientos de infracción en relación con los Estados miembros que atenten contra las libertades fundamentales de la UE, tales como han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia de la UE (TUE)", indicó un comunicado de la Comisión.
En rueda de prensa, el comisario aludió que ya hay cuatro denuncias a otros tantos Estados miembros ante el TUE por este motivo y que "estaremos pendientes de que se lanzan otros (procedimientos de infracción)" en caso de que se violen las libertades de circulación y de establecimiento.
En general, las propuestas que presentó Bruselas son la conclusión de la evaluación de las medidas nacionales que aplica cada país en cumplimiento de la directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores. Su objetivo es "suprimir los obstáculos innecesarios para la libre prestación de servicios en el mercado interior, sin dejar de garantizar una protección adecuada de los trabajadores desplazados", explicó Bruselas.
INFORMACIÓN Y CONTROL
En este sentido, la Comisión identifica la falta de cooperación entre los países para compartir información y también la falta de "control" sobre las legislaciones que aplica cada uno de ellos y la constatación de que alguna de las cuales, por proteccionista, puede obstaculizar que ciudadanos europeos de otros Estados miembros ejerzan sus profesiones en ellos.
Por lo que respecta a la información, Bruselas observó que "las autoridades nacionales de los países de origen deberían cooperar con las de los Estados miembros de acogida, proporcionarles toda las informaciones necesarias". Así propone que se cree un "sistema de información" dentro del mercado interior que permita "un intercambio de datos rápido y fiable". También plantea que esta información optimice su transferencia por medio de la creación de un "comité de expertos de alto nivel".
No obstante, por lo que respecta a la información, la Comisión cita a España como uno de los dos países que, junto con Bélgica, ya tiene un mecanismo apropiado. Se refirió a la "oficina única de enlace y control" creada por las autoridades españolas "a la que pueden dirigirse directamente las solicitudes de información y cooperación, independientemente del lugar donde se presten los servicios".
Por lo que respecta al control, Bruselas estima que las autoridades nacionales deberían "verificar" si los prestadores de trabajo respetan sus leyes, pero también revisar algunas de las medidas que aplican en sus territorios. Según la Comisión, "algunas medidas resultan excesivas, puesto que van más allá de la protección de los trabajadores desplazados y levantan obstáculos injustificados a la libre circulación de servicios".
Para evitar esta situación, propone "supervisar la adopción de medidas de transposición por parte de los Estados miembros y su aplicación a todas las cuestiones relativas al desplazamiento de trabajadores".
También "emprender con los interlocutores sociales y los Estados miembros un examen en profundidad de los desafíos que plantea la aplicación transfronteriza (multas, sanciones, etc), y el papel que puede jugar la UE en este respecto".
