BRUSELAS, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea denunciará mañana la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) por infringir la normativa comunitaria en materia de contratación pública. El Ejecutivo comunitario exigió mediante un dictamen motivado en octubre de 2006 a las autoridades valencianas la modificación de esta norma y ante la falta de respuesta ha decidido poner el caso en manos del TUE.
Fue el propio comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, el que anunció la semana pasada en una comparecencia ante el pleno de la Eurocámara su decisión de presentar una denuncia contra la Ley Urbanística Valenciana.
McCreevy explicó que la LUV no remedia las infracciones detectadas en la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), a la que sustituyó en diciembre de 2005, y sigue sin respetar las exigencias de publicidad y transparencia que impone la normativa europea de contratación pública.
"La nueva ley no corrige alguna de estas infracciones, que se refieren a avisos de licitaciones, información requerida en los avisos de licitaciones, y a la confusa definición del objeto de los contratos", destacó el comisario de Mercado Interior. Insistió en que las alegaciones enviadas a la Comisión por parte de las "autoridades competentes" para responder a estas preocupaciones son "poco convincentes".
"Por ello, tengo la intención de proponer a la Comisión llevar este caso ante el Tribunal de Justicia", recalcó.
McCreevy reiteró que la aprobación de planes de actuación integrada (PAI), tal y como está contemplada en la LUV, supone la concesión de contratos de obras públicas y de servicios, y por tanto está sujeta al derecho comunitario.
El Ejecutivo comunitario lanzó un procedimiento de infracción contra la LUV el 4 de abril de 2006 y un ultimátum final el 12 de octubre de ese mismo año.
El pleno del Parlamento Europeo aprobó el pasado jueves por 327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones una resolución en la que expresa su "más enérgica condena y oposición a los macroproyectos de urbanización" en España al considerar que en muchos casos han vulnerado "los derechos fundamentales de las personas".
Los diputados "lamentan profundamente" que estas prácticas se hayan extendido a varias regiones españolas, "especialmente a la Comunidad Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea, pero también, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid".
