BRUSELAS, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea anunció hoy el lanzamiento de una investigación en profundidad sobre la reforma de la financiación de las pensiones de los funcionarios de France Télécom que se realizó en 1997, cuando se liberalizó el sector. El Ejecutivo comunitario examinará si la reducción de cargas de la que se beneficia el operador histórico como resultado de esta reforma constituye una ayuda pública y si es o no compatible con las reglas comunitarias sobre ayudas de Estado.
La apertura de una investigación da a cualquier parte interesada la posibilidad de presentar sus observaciones y no prejuzga cuál será su resultado final, según destacó Bruselas en un comunicado. "Aunque acogemos con satisfacción las reformas estructurales diseñadas para ayudar a los antiguos monopolios a adaptarse a un mercado liberalizado, debemos garantizar que no distorsionen la competencia entre operadores", dijo la comisaria de Competencia, Neelie Kroes.
En 1997, las autoridades francesas modificaron el régimen de financiación de las pensiones de los trabajadores de France Télécom. Hasta esa fecha, el operador debía garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones de sus funcionarios, lo que entrañaba una carga financiera creciente. Según las autoridades francesas, esta carga era demasiado pesada para la empresa en un momento en el que debía hacer frente a la apertura a la competencia del sector de las telecomunicaciones, y en el que su capital tenía que privatizarse parcialmente.
La reforma puesta en marcha en 1997 prevé que esta obligación quedará garantizada en el futuro por el Estado. Desde entonces, France Télécom debe simplemente aportar una contribución, como todas las empresas de derecho privado. La tasa de esta contribución se calcula de manera que se igualen las cargas sociales del operador con las que pagarían las empresas rivales por la misma masa salarial.
Sin embargo, las autoridades francesas eximieron a France Télécom del pago de las cotizaciones por paro, en la medida en que este riesgo no afecta a sus funcionarios.
La investigación de Bruselas es el resultado de una queja presentada por un operador rival, que no fue identificado por la Comisión, y que consideraba que esta reducción de los costes de pensiones y la exención del pago de las cotizaciones de desempleo constituyen una ayuda pública ilegal. Las autoridades francesas sostienen por el contrario que lo único que hizo la reforma fue eliminar la desventaja estructural que constituía para France Télécom la obligación de financiar el coste de las pensiones.
En el marco de su investigación en profundidad, el Ejecutivo comunitario deberá determinar si la reforma constituye una ayuda pública en sentido comunitario y, en caso afirmativo, si es legal o ilegal.
