BRUSELAS, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea estimó hoy que las cadenas de distribución alemanas Aldi y Lidl no incurren en la ilegalidad al fijar los precios de las frutas y hortalizas a por debajo del coste de producción como modo de promocionar otros productos tal y como denunciaron este lunes ante el Parlamento Europeo dos asociaciones valencianas de productores.
La Asociación Valenciana de Agricultores y de Unió-COAG comparecieron este lunes ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara para explicar los perjuicios que tiene para el sector las prácticas empleadas por estas distribuidoras alemanas.
Explicaron que Aldi y Lidl imponen precios para las frutas y hortalizas por debajo del coste de producción con el objetivo de atraer el consumo hacia otros productos y constataron como elemento de coacción el hecho de que el sector agrícola comercia con bienes perecederos que tienen que ser vendidos en el momento y no pueden esperar a una mejor situación de la demanda.
La queja que manifestaron ante la Eurocámara forma parte de un procedimiento que las dos organizaciones iniciaron en diciembre del año pasado, cuando presentaron ante la Comisión Europea un informe con datos que, en su opinión, prueban que existe un abuso de opinión dominante a la que Bruselas debería poner fin. Solicitaron asimismo una regulación a nivel comunitario para homogeneizar la fijación de precios.
Frente a estos argumentos, el representante de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea constató que, en efecto, existe una cada vez mayor concentración en el sector detallista pero que, sin embargo, no puede acusarse a estas dos empresas de tener una posición dominante en el mercado, puesto que no llegan a tener el 40% de presencia.
Asimismo, explicó que Aldi y Lidl estarían abusando de su posición dominante si la venta por debajo del coste fuera "constante y duradera", al contrario de lo que ocurre, que se concentra en "días de venta punta", como los previos a la Navidad.
Por otra parte, indicó que "vemos que económicamente no tiene por qué ser beneficiosa" la prohibición de vender a bajo coste estos productos, para lo que aludió a "algunos" Estados miembros que derogaron tal disposición después de comprobar que era perjudicial.
La Comisión también rechazó el argumento de los productores de que estas prácticas también suponen un perjuicio para los consumidores, y su representante aludió al caso del Reino Unido, donde existe "un nivel muy alto de concentración y los precios finales se están reduciendo".
A pesar de que el Ejecutivo comunitario dijo no constatar ningún signo de infracción, se comprometió a continuar en contacto con los productores españoles -que recientemente presentaron un nuevo informe que todavía no ha sido estudiado por Bruselas-, así como las autoridades de la competencia alemanas.
POSIBLES SOLUCIONES
El representante de la Comisión también propuso una serie de "soluciones" a tener en cuenta, como que la reforma de la organización común del mercado (OCM) de frutas y hortalizas que empezará este año tenga en cuenta estos problemas.
También "incentivar el poder de negociación de los productores", algo diferente de la influencia por parte de los Gobiernos en la fijación de precios; limitar la posición dominante de los supermercados, fortalecer las asociaciones de productores y contemplar la posibilidad de dirigir una mayor parte de su producción a artículos de más calidad, como la agricultura biológica.
A pesar de que la Comisión Europea no consideró que existen elementos para iniciar una investigación o un procedimiento de infracción, la comisión de Peticiones de la Eurocámara se comprometió a pedir la opinión de las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios, de Agricultura y de Mercado Interior para elaborar su propio informe sobre las denuncias de los productores españoles.
A este respecto, eurodiputados españoles de distintos partidos políticos se alinearon con las tesis de los productores. José Manuel García-Margallo (PP), Joan Calabuig (PSOE) y David Hammerstein (Los Verdes) defendieron que los distribuidores alemanes sí aprovechan su posición dominante y que las prácticas de fijación de precios que imponen no solo perjudican a los productores, también a los consumidores.
