BRUSELAS, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea propuso hoy que las filiales de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) puedan acogerse a las reglas fiscales del país sede de su matriz a la hora de calcular sus beneficios imponibles. El objetivo de esta medida es reducir los costes administrativos y otros obstáculos que se encuentran las pequeñas compañías cuando realizan actividades transfronterizas y que disuaden a muchas de ellas de establecerse en otros Estados miembros.
Las cargas administrativas para ajustarse a las reglas de cada Estado miembro sobre el impuesto de sociedades representan el 1,9% de los impuestos que pagan las multinacionales, mientras que en el caso de las Pymes esta cifra asciende al 30%. Este es uno de los factores que explica que sólo un 3% de las pequeñas empresas se hayan establecido en el extranjero.
Para resolver este problema, Bruselas propone un enfoque no basado en la legislación, lo que obligaría a un apoyo unánime de los 25, sino en el reconocimiento mutuo voluntario de las reglas fiscales de los Estados miembros de la UE, lo que permite avanzar a los países que lo deseen. Ello significa que los beneficios de un grupo de empresas activo en más de un Estado miembro se calcularían según las reglas de un único régimen de impuesto de sociedades, el del país que sea la sede social del grupo.
Una Pyme que quiera crear una filial o un establecimiento estable en otro Estado miembro tendría así la posibilidad de utilizar únicamente las reglas fiscales que le son familiares. Ello no significa que las empresas pagarían sólo al país donde tengan la sede. La idea es que la base del impuesto (los beneficios imponibles) se calculen según las reglas del país de residencia. Luego los ingresos fiscales se repartirían entre los países participantes, en función de criterios como la masa salarial o el volumen de negocios, y cada Estado miembro aplicaría su propio tipo del impuesto de sociedades a su parte.
Entre las ventajas que tendría este sistema de reconocimiento mutuo se encuentran, además de la reducción de las cargas administrativas, la posibilidad de que las Pymes puedan compensarse las pérdidas transfronterizas y la eliminación de la doble imposición y de las discriminaciones y restricciones fiscales para empresas extranjeras.
El sistema se introduciría como proyecto piloto con una duración de 5 años, tras los que se estudiaría su interés práctico para las Pymes y las ventajas económicas más generales que puede obtener la UE de su aplicación, limitando los costes administrativos asociados y los riesgos potenciales para los Estados miembros.
La definición de Pyme que se tendrá en cuenta será la que se usa habitualmente en la UE, que cubre las empresas con menos de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros, o cuyo balance total anual no exceda de 43 millones de euros.
Los Estados miembros que acepten introducir el sistema podrían hacerlo mediante un acuerdo bilateral o multilateral. En estos momentos, sólo Alemania y Países Bajos están realizando un experimento similar. El Ejecutivo comunitarió reconoció que las administraciones fiscales de los 25 son "muy reticentes" a estas ideas, que les provocan "inquietud", aunque aseguró que las directrices propuestas por Bruselas permitirán resolver estas reservas. Las Pymes, por su parte, están "muy interesadas" en la iniciativa.
