ONG y expertos abogan por la implicación de los Gobiernos, la transparencia y extender la responsabilidad a los intermediarios MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El diputado del Parlamento Europeo por Iniciativa Per Catalunya-Los Verdes (ICV) y ponente del Informe Anual Europeo sobre Comercio de Armas, Raúl Romeva, consideró hoy que las empresas del sector de la defensa y armamentístico "son las primeras interesadas en que éste, especialmente a nivel de exportaciones y transferencia entre países, cuente con instrumentos de control claros para que se premie a las que hacen las cosas bien en detrimento de las que no". A su juicio, es necesario conocer "qué se vende, dónde y por cuánto".
Durante un seminario internacional sobre este asunto, organizado esta mañana en la Sala de Columnas del Congreso de los Diputados de Madrid por Greenpeace, Intermón Oxfam y AI, Romeva explicó que al inicio de este debate hace unos años, los esfuerzos por imponer la transparencia en este comercio "chocaron de frente con la opinión de las empresas" que esgrimían que "publicitar sus negocios con determinados países en materia de venta de armas podría dar 'pistas' a la competencia para introducirse en ciertos mercados y afectar a su competitividad".
En pocos años, esa actitud "ha cambiado", aunque las dinámicas, afectadas por aspectos como la deslocalización o la globalización de los mercados, "siguen siendo complejas". Actualmente, las empresas "desean ser las primeras en apostar por la coherencia y en contar con un tratado internacional de control del comercio que afecte a todos por igual y saber que las empresas que no lo cumplan serán castigadas e incluso plantear sanciones".
A su juicio, esa falta de control que se da hoy, pese a la existencia de un Código de Conducta de la UE que, por el momento, no es legislativamente vinculante, "anima a la picaresca, y eso obliga a las empresas, y también a los Gobiernos, a ser muy cautos". Aunque el asunto de la compra de armas en el mundo y su uso con fines relacionados con la violación de los Derechos Humanos, incluye "varios procesos", como la fase de I+D, la producción y la posterior comercialización, "la responsabilidad en unos y otros no es excluyente".
En todas esas fases, Gobierno, empresas e intermediarios "deben ser lo más responsable posible y que esa responsabilidad vaya en paralelo, desde su fabricación, hasta su posterior venta o exportación", afirmó Romeva. "Son las propias compañías las que más piden que se legisle y controle este comercio desde un punto de vista europeo y hasta mundial, porque hasta ahora, la legislación que existe es tan sólo nacional", añadió.
Por su parte, la investigadora de Amnistía Internacional, Helen Hughes, coincidió en la idea de contar con las empresas para alcanzar una legislación internacional que aumente el control en las exportaciones de armas, y puso como ejemplo a Reino Unido, donde "ya se han iniciado diálogos entre el Gobierno de Tony Blair y la Asociación de Productores de Armas, que apuesta por un tratado en materia de comercio que generaría igualdad de condiciones para todas", que tienen interés en que las normas internacionales en este sentido sean "estrictas y claras".
RENOVAR Y ARMONIZAR
A juicio de Romeva, el Código de Conducta de la UE, aprobado en 1998 y utilizado hasta la fecha sobre todo para 'frenar' la exportación de armas de Europa a países 'sensibles' o 'propicios' a utilizarlas contra los Derechos Humanos, "necesita ser revisado y renovado" y, precisamente, en ese momento, se encuentra la UE actualmente. La 'corrección' más urgente es "convertir este Código de 'recomendaciones' en un documento jurídicamente vinculante", aseveró.
Aunque este Código hace referencia a un certificado, que hay que conseguir para exportar las armas, "lo complicado es hacer un seguimiento real, una vez que la mercancía ha salido, sobre si ha llegado a su destino, y sobre todo, si ha sido recibida por quien debía recibirla". Así, apostó por fomentar las buenas prácticas en este sentido y por la transparencia, para que los datos de estas exportaciones sean públicos y se armonicen en todos los países para que se puedan contrastar.
Además, abogó por someter las decisiones de exportaciones y los países a los que éstas se dirigen al control y escrutinio parlamentario, es decir, "es necesario que haya un control en el Parlamento", algo que consideró "el principal reto que se debe alcanzar" y que debe liderar España. Pese a que la reforma de este Código se viene prometiendo desde la presidencia europea a finales de 2004, cuando ésta fue ocupada por Holanda, sigue "sin conseguirse". "Confiemos en que se haga realidad en este segundo semestre de 2006, durante la presidencia finlandesa", dijo.
También se refirió a la necesidad de controlar a los intermediarios, que crecen cada día en número, ya que en muchas ocasiones "se compran y se venden armas en la UE que nunca pasan por ningún país europeo" o se incorporan piezas en el producto final que vienen de países de fuera que no están sometidos a ningún control. En este sentido, afirmó, "hay que enviar un recordatorio al Gobierno español sobre la necesidad de que este tema se desbloquee". La prisa en este sentido, es ya, "más que una necesidad, una urgencia", aseguró.
Por su parte, Hughes se refirió a la importancia del control de armamento ligero y las pequeñas armas, pidiendo que éste "abarque todo tipo de armas convencionales" y que se establezcan unas directrices internacionales en este sentido; y sobre todo, a los Gobiernos que no la cumplan "se les exijan responsabilidades penales".
Esto es necesario, primero, "por imperativo moral y de Derechos Humanos", dijo la investigadora de Amnistía Internacional, porque vender armas a un país en guerra "supone multiplicar las violaciones de derechos elementales, los niños-soldado, las violaciones a mujeres, los secuestros y las extorsiones y amenazas".
También por "imperativo político", porque el comercio de armas se da a escala mundial y se necesita una respuesta política "a la misma escala" y "rotunda y clara"; y además, "por imperativo económico", por el ingente gasto que supone para los países este tipo de compras, en detrimento de la ayuda al desarrollo o el apoyo a las víctimas de los conflictos.
Para un verdadero control en este comercio, apostó por garantizar que todas las exportaciones estén autorizadas, por establecer principios claros que indique cuándo no deberán autorizarse, por establecer limitaciones basadas en su uso, por que se hable del riesgo de éstas "en sentido amplio" y por la transparencia, un elemento fundamental a añadir en la futura Ley sobre Comercio de Armas que el Gobierno español presentará antes de finales de año.
La elaboración de esta ley, a su entender, "deberá llevarse a cabo, a su juicio, a través de un Grupo de Trabajo que le de un impulso rápido que sitúe a España en el 'pelotón' de cabeza de la regulación de este tipo de comercio".
