La norma europea da prioridad a los inmigrantes de terceros países sobre los ciudadanos de los socios de la ampliación
BRUSELAS, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
España se encuentra en la 'lista negra' de países de la UE que no han adaptado a su legislación nacional la norma comunitaria que obliga a reconocer los derechos a los inmigrantes que residen de forma legal en la UE desde hace más de cinco años. El plazo para trasponer esta directiva finaliza el 23 de enero, y el Ejecutivo comunitario advirtió hoy de que abrirá expediente "en los próximos dos meses" a los Estados miembros que no cumplan con sus obligaciones, según anunció el portavoz de Justicia e Interior, Friso Roscam.
Roscam aclaró que esta directiva no tiene nada que ver con el proceso de regularización de inmigrantes ilegales que se llevó a cabo en España en 2005. Esta norma "se refiere a los nacionales de terceros países que han residido legalmente en un Estado miembro durante al menos cinco años". "Esto no es una campaña de regularización, es una ley europea que refuerza la posición legal de los ciudadanos que ya residen legalmente en el territorio de los Estados miembros durante cinco años", señaló.
Hasta ahora, sólo cinco países (Austria, Lituania, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia) han notificado a la Comisión sus medidas de transposición. Reino Unido, Irlanda y Dinamarca están exentos de aplicar esta norma. Bruselas calificó de "lamentable" que la adaptación se haya retrasado tanto, dado que la directiva se aprobó en 2003, y expresó su "inquietud" por la "inseguridad jurídica" que resulta para los inmigrantes.
La principal novedad del denominado 'estatuto del residente de larga duración' es que permite a los inmigrantes legales residir y trabajar o estudiar en otro Estado miembro distinto al que le haya otorgado este título. El Ejecutivo comunitario considera que más de 10 millones de ciudadanos procedentes de países terceros y residentes en la UE obtendrán beneficios directos de su aplicación.
Para adquirir este estatuto, los inmigrantes tienen que demostrar que residen desde hace al menos cinco años, de manera legal e ininterrumpida, en un Estado miembro, y que disponen de recursos suficientes para sobrevivir y de un seguro médico. Los países de la UE pueden exigir que además cumplan también requisitos de integración contemplados en su derecho nacional, por ejemplo, un conocimiento adecuado de la lengua.
Los titulares se benefician de una protección reforzada contra la expulsión, y de una igualdad de trato con los ciudadanos de la UE en un gran número de dominios como: las condiciones de empleo y trabajo; educación, formación profesional y reconocimiento de títulos; protección social y asistencia sanitaria o ventajas sociales y fiscales.
PROBLEMA CON LOS NUEVOS SOCIOS
El Ejecutivo comunitario reconoció que el estatuto de los residentes de larga duración podría provocar "problemas" de discriminación respecto a los trabajadores de los nuevos países de la UE, y señaló que es necesario "aclarar" las reglas para evitar contradicciones.
Ello es así porque todos los Estados miembros, salvo Reino Unido, Irlanda y Suecia, aplican una moratoria para impedir la entrada de trabajadores de los países del Este, que puede extenderse hasta 2011. De este modo, podría darse el caso que un ruso que haya residido legalmente en Lituania durante más de cinco años pueda desplazarse a trabajar a Alemania, mientras que un lituano no podrá hacerlo por culpa de la moratoria.
Al mismo tiempo, el Tratado de adhesión de los países del Este señala que, a la hora de permitir la entrada de trabajadores extranjeros en los Quince, se debe otorgar prioridad a los ciudadanos de la ampliación sobre los residentes de terceros países, lo que supone una evidente contradicción.
Para evitar este tipo de situaciones "políticamente no deseables", los Estados miembros pueden imponer condiciones para la libre circulación de los trabajadores no comunitarios que sean las mismas que existen para los países de la ampliación, por ejemplo la obtención de un permiso de trabajo, cosa que impediría cualquier discriminación, según explicaron fuentes de la Comisión.
