BRUSELAS, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
España es el país de la Unión Europea que acoge más ciudadanos rumanos y búlgaros en edad de trabajar, un total de 655.000 (555.000 rumanos y 100.000 búlgaros), cifra que representa el 2,1% de esta franja de población, según los últimos datos disponibles de 2007 difundidos hoy por la Comisión.
El número de trabajadores de Rumanía y Bulgaria residentes en España es más del doble del que registra Italia (321.000), donde el Gobierno ha aprobado un decreto que permite expulsar a ciudadanos comunitarios tras la alarma social provocada por el asesinato de una mujer a manos de un ciudadano rumano. A mucha distancia de España e Italia se sitúa Alemania, que acoge a 92.000 rumanos y búlgaros.
Desde la entrada en la UE de Rumanía y Bulgaria el 1 de enero de 2007, el número de residentes en España procedentes de estos dos países se ha incrementado en 73.000, mientras que en Italia el aumento ha sido de 35.000. No obstante, un mayor número de rumanos y búlgaros (169.000) llegó a España entre 2005 y 2006.
El Ejecutivo comunitario contradijo este miércoles al primer ministro italiano, Romano Prodi, que en una entrevista al rotativo británico Financial Times afirmaba que la llegada masiva de rumanos tras la ampliación sorprendió a la UE. "Los efectos de la ampliación en términos de flujos migratorios han sido inferiores a los previstos", dijo la portavoz de la Comisión, Pia Ahrenkilde.
La Comisión Europea ha respaldado la legalidad del decreto aprobado por el Gobierno italiano para deportar a ciudadanos comunitarios, y ha asegurado que la normativa de la UE permite actuar contra las personas que plantean un riesgo para la seguridad pública.
"La legislación europea permite a los Estados miembros actuar contra las personas que plantean un riesgo a la política pública, seguridad pública o salud pública", dijo el portavoz de Justicia e Interior del Ejecutivo comunitario, Friso Roscam, al ser preguntado por la compatibilidad del decreto italiano con la normativa de la UE.
Roscam explicó que las autoridades italianas deberán notificar el decreto a Bruselas cuando lo convalide el Parlamento y que será entonces cuando la Comisión lo examine en detalle. Insistió en que el Ejecutivo comunitario "apoya los esfuerzos legítimos de todos los Estados miembros para proteger a todos los ciudadanos de la UE, nacionales y de otros Estados miembros", y al mismo tiempo "condena todos los actos de violencia, racismo o xenofobia".
En todo caso, afirmó que las expulsiones deben analizarse caso por caso y dejó claro que la legislación comunitaria sí prohíbe las deportaciones colectivas. El portavoz recalcó además que "debe protegerse el derecho de los ciudadanos de la UE y de sus familias a moverse entre los Estados miembros".
