España es el país de la UE que recurre con más frecuencia al Ombudsman comunitario
BRUSELAS, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Europeo, P. Nikiforos Diamandouros, ha recibido casi 400 quejas de ciudadanos españoles por la posibilidad de que se cobre por los préstamos de libros en las bibliotecas públicas. España es el país de la UE que recurre con más frecuencia al Ombudsman comunitario (con un 20% del total de casos), muy por delante de Alemania (11%), Francia (10%) o Polonia (9%), aunque proporcionalmente a la población el mayor número de denuncias corresponde a Chipre, Malta y Luxemburgo, según los datos del informe anual de 2005.
Diamandouros avanzó que también en 2006 España encabezará previsiblemente la clasificación de Estados miembros que más recurren al Defensor del Pueblo porque sólo en el primer cuatrimestre del año se han recibido más de 5.000 quejas únicamente sobre el puerto industrial de Granadilla, en Tenerife, una cifra que supera el total de denuncias recibidas en 2004 de los 25 Estados miembros (3.920).
Más de la mitad de las quejas recibidas de España el año pasado (alrededor de 400 de un total de 775) se refieren al expediente que la Comisión abrió contra las autoridades españolas por eximir a las bibliotecas públicas de pagar derechos de autor.
"Eso desencadenó un gran número de quejas de la parte de España, sobre todo de las bibliotecas públicas, que me han escrito denunciando el hecho de que si, como indicó el Gobierno, impusiera una tarifa cada vez que se tome prestado un libro, eso sería discriminatorio porque provocaría una disminución en el acceso a la información y a la cultura", explicó Diamandouros.
Añadió que ya ha tenido que cerrar el caso porque la Comisión presentó una denuncia ante el Tribunal de Justicia el pasado diciembre y su mandato le obliga a retirarse cuando un expediente llega a manos de la justicia.
Por lo que se refiere al puerto de Granadilla, el Ombudsman ha abierto una investigación contra el Ejecutivo comunitario por haberse inhibido en este caso pese a la gran cantidad de quejas recibidas por su fuerte impacto medioambiental.
En 2005, el Defensor del Pueblo Europeo recibió un total de 3.920 quejas, cifra que representa un aumento del 5% respecto al año anterior. El 69% de las mismas no eran de su competencia, puesto que sólo le corresponde investigar sobre casos de mala actuación de las instituciones comunitarias, y no de los Estados miembros, por lo que sólo trato 627 investigaciones.
El 68% iban dirigidas contra la Comisión, seguida por la oficina europea de selección de personal (12%), el Parlamento Europeo (9%), y el Consejo (2%). Los principales motivos de los recursos ante el Ombudsman son la falta de información o el rechazo a proporcionarla (24%), la injusticia o abuso de poder (17%), la discriminación (13%), los errores de procedimiento (10%), los retrasos evitables (9%) y la negligencia (6%).
Un total de 89 casos fueron resueltos por las instituciones tras la queja presentada por el Defensor, mientras que otros siete acabaron en una solución amistosa. El Ombudsman presentó un dictamen crítico en 29 ocasiones y realizó 20 proyectos de recomendación para los expedientes más serios pero todavía reversibles. Su última arma consiste en presentar un informe especial al Parlamento Europeo, y recurrió a ello 3 veces en 2005.
Entre los casos más llamativos destaca que el Ejecutivo comunitario aceptó pagar una compensación de 56.000 euros a un periodista francés porque había anulado la financiación a su proyecto 4 semanas antes de que se concluyera. También presentó un informe ante el Parlamento por el rechazo de los Veinticinco a celebrar en público sus sesiones legislativas. Finalmente, obligó a la Comisión a eliminar el límite de 30 años fijado para los becarios en sus programas de formación.
