La organización internacional de estibadores calcula que se perderían 2.000 puestos de trabajo en España de salir adelante la iniciativa BRUSELAS, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
Unos seis mil estibadores procedentes de dieciseis países europeos acudirán mañana a Estrasburgo para protestar ante la sede del Parlamento Europeo por la propuesta de Directiva comunitaria sobre la liberalización de los servicios portuarios.
Los representantes de Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Finlandia, Grecia, España, Chipre, Malta, Suecia, Polonia, Portugal y Noruega darán su apoyo a los eurodiputados que se niegan a respaldar una iniciativa que consideran "innecesaria, provocadora y desequilibrada", rechazada hace menos de un año por el Parlamento Europeo.
Los trabajadores de los puertos consideran que la directiva, tal y como está planteada, permite el intrusismo, al abrir la puerta a mano de obra no cualificada y, por lo tanto, conllevaría un aumento del riesgo laboral y el descenso de la productividad.
"Bajo una aparente defensa de la libre competencia, esta medida solamente pretende favorecer a unas pocas grandes empresas en tanto que perjudicaría a la mayoría de los usuarios de los puertos y lesionaría los derechos laborales y causaría un incremento en los costes de la operación que se trasladaría a los precios", se quejan los estibadores españoles.
Tras ser rechazada por la Eurocámara en noviembre de 2003, la Comisión Europea presentó una nueva propuesta en octubre de 2004 con el objetivo de liberalizar la prestación de servicios portuarios en puertos marítimos, para lograr mayor competencia y permitir la llamada "autoasistencia", práctica que permite a un usuario del puerto prestarse a sí mismo determinados servicios portuarios.
Los eurodiputados temían que ello provocara la contratación de ciudadanos de fuera de la Unión Europea a precios inferiores y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo para los trabajadores portuarios cualificados.
La propuesta de directiva contempla ciertas restricciones a la libre competencia por motivos de seguridad, medio ambiente y por obligaciones de servicio público. Los servicios de practicaje para facilitar la entrada y salida del puerto están incluidos en la directiva, pero podrán estar sujetos a restricciones específicas de seguridad.
Precisamente el practicaje es uno de los elementos más conflictivos de la directiva y parte de los eurodiputados quiere que este servicio se quede fuera del ámbito de la regulación europea. Por otro lado, un número considerable de diputados prefiere que no haya ninguna directiva europea sobre servicios portuarios.
De hecho, la comisión de Mercado Interior rechazó la directiva por 23 a favor y 3 en contra al considerar que el objetivo de la Comisión no puede alcanzarse con la presente propuesta teniendo en cuenta el "escepticismo" entre partidos políticos y partes afectadas como la Organización europea de puertos marítimos comunitarios, el Consejo internacional de estibadores y la Federación de operadores de puertos privados en Europa.
La propuesta de la Comisión Europea tampoco recibió el apoyo de la comisión de Empleo, al entender que "socava" las normas nacionales y entraña una mayor inseguridad jurídica para todos los interesados. Asimismo, se cree que no conducirá a unas condiciones de competencia más equitativas entre los puertos y que el objetivo principal de la directiva debe concentrarse en la competencia entre los puertos y no en el interior de cada puerto.
No obstante, la comisión de Transportes, responsable del asunto, apoyó la directiva, si bien las enmiendas de rechazo no salieron adelante por un escaso margen. En este contexto, el resultado del voto en el pleno la semana que viene resulta incierto.
PERDIDA DE 2.000 EMPLEOS EN ESPAÑA.
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT consideran que esta normativa pondrá en peligro la profesionalidad y la seguridad del trabajo de este colectivo de trabajadores y supondrá un riesgo para "la seguridad jurídica en que hasta ahora se basan las multimillonarias inversiones, públicas y privadas, que han convertido a los puertos europeos en los más competitivos del mundo".
La directiva aprobada por el Consejo de Ministros de Transportes de la UE incluye la polémica autoasistencia, es decir, la posibilidad de que los armadores puedan realizar operaciones de carga y descarga con medios propios, es decir, sin contratar estibadores.
El secretario general de la organización internacional de estibadores (IDC), Julián Muñoz, cree que de salir adelante la iniciativa podría representar la pérdida de unos 2.000 empleos de estibador, de los 5.000 que actualmente hay en España. Dado que el PE ya echó abajo la iniciativa, promovida por la entonces comisaria de Transportes Loyola de Palacio, los estibadores españoles confían en que se repita el rechazo.
