ESTRASBURGO, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento Europeo aprobó hoy un informe con recomendaciones para mejorar el impacto económico y social de la política de cohesión de la UE en el que se pide que al menos del 20% de los fondos estructurales se dediquen al fomento de la investigación y la innovación, y se subraya la necesidad de lograr un equilibrio entre zonas rurales y urbanas. Asimismo aboga por atraer inversiones privadas a la nueva política de cohesión.
El informe ha sido elaborado por la eurodiputada socialista española Francisca Pleguezuelos y, aunque no es vinculante, reclama que este 20% de los fondos estructurales no se concentre sólo en los grandes proyectos y en los centros de excelencia, sino también en "proyectos de menos envergadura en las regiones menos favorecidas, en particular a los que contribuyan al desarrollo regional sostenible".
La Eurocámara también hace hincapié en la necesidad de cooperación entre los sectores público y privado para fomentar la eficiencia de las políticas estructurales. También alienta a que se utilicen, además del PIB per cápita, otros indicadores territoriales para medir el nivel de cohesión, como la tasa y la calidad del empleo, el nivel de disparidades del PIB entre regiones vecinas, el índice de descentralización y la dotación para infraestructuras y transporte.
Uno de los principales ejes del informe es el "equilibrio territorial" entre zonas rurales y urbanas. El texto destaca que se debe garantizar la complementariedad entre desarrollo rural y desarrollo regional, "favoreciendo un enfoque estratégico integrado del desarrollo de las zonas urbanas junto con las zonas periurbanas y rurales circundantes".
El texto considera que la política de cohesión debe promover la existencia de "animadores tecnológicos" a escala regional y local, como la Red de Centros Europeos de Información, financiada por los fondos estructurales y asociada a proyectos regionales. También se aboga por promover los parques tecnológicos como medio para dinamizar la innovación de las empresas, "en particular en las pyme".
La Eurocámara aprobó una enmienda en la que se subraya que "las empresas que hayan recibido ayudas públicas y que hayan procedido a una deslocalización dentro de la UE no puedan obtener ayudas públicas para sus nuevos lugares de actividades". Además, pide que estas empresas queden excluidas de los fondos estructurales y ayudas nacionales durante un período de siete años a partir de la fecha de la deslocalización.
