BRUSELAS, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Eurocámara aprobó hoy en primera lectura dos directivas cuyo objetivo es reforzar la seguridad de los buques abanderados o que navegan por aguas comunitarias. Una de ellas establece la obligatoriedad de que todos los propietarios de buques que naveguen en aguas comunitarias suscriban una garantía financiera que cubra los costes de alojamiento, asistencia médica y repatriación. El segundo texto refuerza las inspecciones de los barcos abanderados en los países de la UE.
Los eurodiputados consideran que cada Estado miembro debe asegurarse de que todo propietario de un buque que obtiene su pabellón suscribe una garantía financiera obligatoria destinada a proteger a las personas empleadas a bordo. Esta garantía también debe cubrir los costes de alojamiento, asistencia médica y repatriación.
El pleno subraya la necesidad de crear un fondo de solidaridad "para cubrir los daños ocasionados por un buque que no haya suscrito garantía financiera alguna". Además, este fondo también servirá para indemnizar a terceras personas que sean víctimas de los daños causados por buques que hayan navegado por las aguas territoriales de la UE sin el mencionado certificado de garantía financiera. El Parlamento propone la creación del fondo de solidaridad porque, hasta que los Estados miembros no adopten y transpongan definitivamente las propuestas legislativas de la Comisión y hasta que los Estados miembros de la OMI no ratifiquen los Convenios de seguridad marítima, "la probabilidad de que se produzca un accidente en un lugar de refugio causado por un buque que no tenga ningún tipo de garantía financiera es relativamente alta". Según los diputados, la indemnización por daños y perjuicios causados por un buque que no disponga de garantías financieras no tiene que ser asumida en ningún caso por el Estado miembro en el que ha ocurrido el accidente, sino que tiene que correr a cargo de la industria naviera. De esta manera se impide la evasión de responsabilidad por parte de los propietarios de buques y se evita que la víctima (el Estado miembro en el que ha ocurrido el accidente) se vea obligada a asumir los daños ocasionados en su territorio. La segunda directiva aprobada hoy en primera lectura deja claro que los Estados miembros deben garantizar, en relación con todos los buques bajo su pabellón, que se investigan los siniestros que se producen "y que se aplican las medidas adecuadas y oportunas para paliar las deficiencias que se les detecten". Además, las obligaciones de los Estados miembros en seguridad marítima incluyen la capacidad de revisión, homologación y autorización de proyectos de construcción y de equipamientos de buques, "así como de toma de decisiones técnicas acorde con la dimensión y naturaleza de sus flotas".
