Los populares españoles votan en contra y los socialistas se abstienen
ESTRASBURGO (FRANCIA), 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo apoyó hoy por 359 votos a favor, 256 en contra y 86 abstenciones la norma que permitirá aumentar los peajes a los camiones para tener en cuenta los costes medioambientales. Los eurodiputados del PP votaron en contra por considerar que provocará una "grave pérdida de competitividad" a los países periféricos como España, mientras que los socialistas españoles se abstuvieron al considerar que la Eurocámara ha logrado descafeinar las propuestas iniciales de Bruselas.
La nueva directiva permitirá a los Estados miembros incluir en el cálculo de los peajes no sólo los costes de construcción y mantenimiento de las carreteras, como es el caso ahora, sino también la contaminación y el ruido. También será posible tener en cuenta los costes de congestión, pero sólo en las carreteras más concurridas en horas punta, lo que diluye los planes de la Comisión. Y tampoco habrá un método común para calcular los costes de congestión como quería Bruselas.
Según los cálculos del Ejecutivo comunitario, la nueva norma supondrá un encarecimiento de las tarifas de hasta 5 céntimos por kilómetro recorrido. No obstante, la directiva no obliga a los Estados miembros. Cada país es libre de decidir si introduce o no este tipo de tasas y en qué carreteras, pero cuando lo haga tendrá que atenerse a la metodología común recogida en la directiva. La norma sólo se aplicará a los camiones de más de 3,5 toneladas, y no a los vehículos privados. El Ejecutivo comunitario espera que entre en vigor en 2011.
La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, expresó ya expreso el pasado mes de diciembre en una reunión de ministros de Transportes de la UE su rechazo a esta iniciativa porque a su juicio no está "bien diseñada" y además "no es el momento" de aprobarla en plena crisis económica. De momento, los Veintisiete todavía no han logrado una posición común sobre esta directiva.
El portavoz del PP en la comisión de Transportes de la Eurocámara, Luis de Grandes, señaló tras la votación de este miércoles que, si bien los principios que inspiran la propuesta --"quien, utiliza paga" y "quien contamina, paga"-- son "razonables", no lo es la solución que se propone que "será discriminatoria para un sector que viene sufriendo desde hace meses los desastrosos efectos de la crisis económica".
Según los cálculos citados por el PP, el coste adicional de la directiva será de entre 13 y 24 céntimos, muy por encima de lo que dice la Comisión. De este modo, el sector del transporte español y el sector de frutas y hortalizas para la exportación "podrían verse afectados de forma muy negativa por esta normativa".
"Esta propuesta es extemporánea y lejos de conseguir los objetivos esperados de un transporte sostenible, sería la sentencia de muerte para un gran número de pequeñas y medianas empresas europeas, que emplean a miles de personas en la UE y que contribuyen diariamente a la distribución de mercancías, asegurando que los productos lleguen a su consumidor final. Un consumidor que verán como sus productos se encarecerá por la aplicación de estas tasas", afirmó de Grandes.
Por su parte, la portavoz socialista, Inés Ayala, explicó que los eurodiputados del PSOE se abstuvieron --frente al voto a favor de la mayoría de los socialistas europeos--porque se aprobaron algunas enmiendas que "descafeinaban" la propuesta inicial de la Comisión. En particular, según Ayala, se diluyen los costes de congestión, que son los que tendrían un mayor impacto. Con estos cambios, la delegación española queda en "mejor posición" para negociar en el Consejo de Transporte, aseguró la eurodiputada socialista.
"Lo fácil era votar en contra y perder", señaló Ayala, pero para los socialistas españoles lo importante era eliminar de la propuesta el coste de congestión y por ello se abstuvieron en el voto final.
La Eurocámara exigió que los Estados miembros estén obligados a invertir los ingresos generados por los peajes en acciones como el desarrollo de vehículos más limpios, modos de transporte alternativos o construcción de barreras de sonido. Además, introdujo la posibilidad de un recargo en las carreteras montañosas, cuyos ingresos tendrían que invertirse en la construcción de infraestructuras paralelas alternativas.
